“No hay otra concesión que tenga complejidades casi delictuales”
Así lo aseguraron desde el gobierno, mientras avanzan los trámites judiciales y administrativos en torno a la decisión del Ejecutivo de quitarle la concesión del Paseo Hermitage a Florencio Aldrey Iglesias.
En medio de los trámites administrativos y judiciales a partir de la decisión del gobierno municipal de decretar la caducidad de la concesión que Florencio Aldrey Iglesias -dueño también del multimedios La Capital, entre otros- tiene sobre el denominado “Emprendimiento Paseo Las Toscas y Paseo Hermitage” -y frenada momentáneamente la ejecución del decreto, a la espera de novedades-el secretario de Economía y Hacienda de la Comuna, Hernán Mourelle, se refirió a la situación, ratificó la intención del Ejecutivo de continuar con los trámites correspondientes y advirtió: “No hay hasta ahora una concesión que hayamos detectado que tenga complejidades casi delictuales como esta”.
Tal como informó QUÉ Digital, en el marco del expediente que empezó a tramitarse en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2, a cargo del magistrado Marcelo Fernández, el lunes el gobierno municipal presentó un decreto firmado por el intendente Arroyo y por el secretario de Economía, Hernán Mourelle, en el cual se dispone “suspender, en un todo, la ejecutoriedad de dicho acto administrativo (Decreto 623/19)”.
Concretamente, la decisión del gobierno implicó adelantarse a lo que podría ser el dictado de una medida cautelar del juez que frenara la aplicación del decreto teniendo en cuenta que se había impuesto un plazo “perentorio e improrrogable” de cinco días para desocupar la totalidad del espacio, algo que se cumplió por estas horas.
A partir de la confección de ese decreto que fue presentado ante el juez y enviado por carta documento a Aldrey Iglesias, los abogados del empresario realizaron una nueva presentación ante el juzgado en la cual insisten en que se dicte una medida cautelar que frene el decreto, más allá de que administrativamente hoy está frenado por el propio gobierno en cuanta a la ejecución de los plazos que habían sido previstos. Lo que busca Aldrey Iglesias, en realidad, es poder decir que la Justicia frenó la decisión de Arroyo.
En ese marco, y al ahondar respecto a la continuidad de los trámites administrativos y judiciales, el secretario de Economía se refirió a la decisión de suspender momentáneamente la ejecución del decreto que establece la quita de la concesión, a partir de las presentaciones realizadas por los abogados del empresario.
“Hicieron la presentación de un recurso, nos mandaron una carta documento. Entonces (se decide frenar la ejecución) para garantizar el derecho de defensa y concluir completamente el recurso toda la etapa administrativa para luego no tener debilidades en el ámbito judicial”, puntualizó.
Consultado, entonces, respecto a si la intención del Ejecutivo es continuar con los trámites para definitivamente quitarle la concesión a la firma Hermitage SA –tal y como se anunció la semana pasada- Mourelle evitó dar precisiones, aunque enfatizó: “Se le dio curso al análisis de los elementos que planteaban, nuevos, que estaban exponiendo para ser analizados. Ahora, todo dependerá del análisis de las cuestiones que presentaron, algo que harán las áreas administrativas correspondientes”.
Además, y en relación al análisis o auditoría respecto a lo que sucede con otras concesiones, por fuera del caso del Paseo Hermitage, Mourelle destacó el trabajo de las distintas áreas administrativas, aunque reparó en que “no hay hasta ahora una concesión que hayamos detectado que tenga complejidades casi delictuales como esta, donde se ocultaron más de 100 millones de dólares de ingresos durante 13 años para el cálculo del canon que se pagaba”.
“Y llegamos a esa ridícula realidad de que pagaban 9 mil pesos por mes por toda la unidad fiscal que explotan comercialmente”, graficó el funcionario, quien remarcó también que -a diferencia de lo sucedido con Aldrey Iglesias- con el resto de los concesionarios existen “charlas consientes y civilizadas en busca de ajustar algún canon en beneficio de todos los vecinos o de adecuar alguna concesión para uso de bienes públicos, equitativamente”.
