Espionaje a víctimas de hundimientos: el 30 de agosto será la audiencia en Casación
Tras ocho meses de demora por las recusaciones, los jueces empezarán a escuchar los argumentos de las partes.
Después de haber quedado confirmada la integración del tribunal tras meses de recusaciones e idas y vueltas, finalmente el miércoles 30 de agosto se realizará la demorada audiencia ante la Cámara Federal de Casación en la que las partes deberán exponer sus argumentos para revocar o confirmar el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y del resto de los acusados en la causa por el espionaje ilegal realizado en Mar del Plata sobre familiares de víctimas de hundimientos como el submarino ARA San Juan y los pesqueros Repute y Rigel. Familiares advierten por el “grave precedente” que sentaría la convalidación del fallo de la Cámara de Apelaciones.
“Fíjese audiencia para el día 30 de agosto del corriente año a las 10.00 horas”, dispuso el juez de la sala II de Casación, Guillermo Yacobucci, en la resolución difundida por la agencia oficial Télam lo que implica que durante esa jornada -a ocho meses de la convocatoria original, luego suspendida- los magistrados escucharán a las querellas, a la fiscalía y a las defensas.
Las partes acusadoras buscan que los camaristas -además de Yacobucci, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky- revoquen el sobreseimiento de todos los acusados y reimpulsen la investigación que se inició originalmente en Mar del Plata.
En la convocatoria, el juez aclaró que las partes que quieran hacer uso de la oralidad durante la audiencia deberán informarlo al tribunal durante los próximos tres días a la vez que aclaró que también tienen la posibilidad informar sus posturas mediante breves notas que pueden presentar a través del sistema de gestión informática.
Según confirmó Télam antes de la feria judicial Casación había aceptado al Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) y al abogado Alberto Binder como “amicus curiae”, es decir amigo del tribunal. En el caso del CELS el pedido había sido rechazado en una anterior oportunidad.
La resolución que debe confirmar o anular los sobreseimientos dictados para todos los acusados del caso, entre los que se encuentra el expresidente Mauricio Macri además de funcionarios y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gestión, está pendiente desde hace más de un año, teniendo en cuenta que fue en julio de 2022 cuando la Cámara de Apelaciones porteña dictó los sobreseimientos de Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Nicolás Iuspa Benítez -ex jefe de la base de la AFI de Mar del Plata-, el exdirector de Reunión Interior de la AFI Eduardo Winkler, dos exjefes de Contrainteligencia y un grupo de cinco agentes que se desempeñaban en Mar del Plata.
En ese fallo plantearon la inexistencia de delito en la acusación al reconocer las tareas de seguimiento y espionaje realizadas pero al afirmar que eran acciones contempladas en términos de “seguridad presidencial e interior”.
Desde la querella de familiares espiados encabezada por la abogada Valeria Carreras pidieron “acompañamiento de toda la sociedad” de cara a la audiencia porque afirman que, de confirmarse el sobreseimiento “quedará sentado un grave precedente”. “De quedar firme quedará habilitada la persecución ideológica política y cercenados derechos fundamentales de todos los argentinos”, advirtieron.
La causa se inició en septiembre de 2020 cuando la por entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó ante la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata una extensa denuncia basada en documentos encontrados en discos externos del organismo que dieron cuenta de maniobras de espionaje desarrolladas contra familiares de tripulantes del ARA San Juan en 2018 en Mar del Plata, y también contra familias de tripulantes de los buques pesqueros Rigel y Repunte.
Todos los acusados habían sido procesados el 1 de diciembre de 2021 por el titular del Juzgado Federal de Dolores, Martín Bava, pero después ante un pedido de los acusados -entre ellos Macri- la causa pasó a tramitarse en Capital Federal y así fue que la Cámara Federal de esa jurisdicción dejó sin efecto los procesamientos.
