Caso Hooft: “Casación emitió un fallo político y vergonzoso”
Desde la Asociación de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado criticaron el fallo que valida como prueba de “conspiración” la grabación de una conversación con el fiscal Claudio Kishimoto.
La Asociación de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires considera como “jurídicamente aberrante y vergonzoso” el fallo con el que la Cámara Federal de Casación Penal validó como prueba una grabación de una conversación entre el abogado Federico Hooft y el fiscal Claudio Kishimoto y, a partir de ello, ordenó investigar la denuncia por supuesta conspiración presentada por el juez Pedro Hooft -acusado por delitos de lesa humanidad-, que había sido desestimada en instancias previas. “Se trata de un fallo político”, aseguran.
“Uno de los métodos para ocultar delitos, es armar una situación tan compleja que sea inentendible para el pueblo”, dicen desde la organización de derechos humanos y recuerdan que el juez Hooft “tiene más de 100 denuncias por delitos de lesa humanidad“.
“Hooft es un juez que le escapa a la Justicia; un juez que se resiste a presentarse ante otro juez”, expresan desde la Asociación de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires.
Desde la Asociación se remarcan que Hooft, con los constantes recursos, recusaciones y otras maniobras legales, “hizo que se extendiera durante 10 años la instrucción”. “Hoy Hooft está imputado y rebelde”, dicen y explican: “Esta causa, fue revisada y analizada por: la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata en varias ocasiones, la Cámara Nacional de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación; en ninguno de los casos ningún tribunal superior advirtió agún tipo de irregularidad”.
“En medio de este dislate el juez imputado y rebelde se dedica a denunciar y hacer responsable de su “persecución” al abogado querellante César Sivo y a los fiscales federales”, expresa el titular del organismo Carlos Fernando Díaz.
“Pedimos Justicia, que Hooft se ponga a derecho y que deponga su estado de rebeldía”, finalizan desde la Asociación de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires.
