Acceso a la información: buscan una intervención más directa de la Defensoría
La Defensoría busca ser notificada de cada caso en el que se niegue el acceso a nivel municipal y, además, elaborar estadísticas al respecto.
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Ordenanza 13.712 y, además, comenzar a realizar un relevamiento de las consultas denegadas, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon presentó un proyecto para incorporarla con una intervención más directa en el Acceso a la Información en el ámbito municipal.
En detalle, la Ordenanza 13.712 establece que toda persona física o jurídica tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano dependiente del Concejo Deliberante o del gobierno municipal en sus distintos estamentos.
Se refiere, puntualmente, a “cualquier expediente, legajo, protocolo, correspondencia, memorándum, libro, plano, mapa, dibujo, diagrama, representación pictórica o gráfica, fotografía, film, microfilm, disco grabado, videotape, soporte magnético o digital, diskette y cualquier otro medio de almacenamiento documental existente”.
Los únicos impedimentos para brindar la información es aquella en la que haya datos íntimos o privados de las personas como domicilios, teléfonos o propiedades; que haya información de terceros protegida por el secreto bancario; que esté judicializada; notas internas previas a la toma de decisiones que no forman parte de expedientes; aquella exceptuada por leyes y ordenanzas específicas. Además, la negativa debe ser dictada por directores o cargos superiores.
Además, la solicitud de información debe ser satisfecha en no más de diez días hábiles y, en caso de no cumplirlo, se establece que “queda habilitada la acción de amparo ante cualquier juez conforme lo establecido en establcido en el artículo 20 inciso 2 de la Constitución Provincial. Además, para con los funcionarios que nieguen arbitrariamente la información solicitada “serán considerados incursos en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, siéndole aplicable el régimen sancionatorio vigente”.
En este punto que la Defensoría del Pueblo busca ser incorporada a la ordenanza, para que sea notificada de manera automática en cada caso en los que se niegue el acceso a la información pública.
Para los defensores del pueblo Fernando Rizzi, Daniel Barragán y Luis Salomón, esta ordenanza sancionada en el año 2000 “fue precursora en cuanto a políticas de integridad pública, transparencia y participación” y consideraron que es una herramienta que “debe ser garantizada”.
Es en ese sentido es que presentaron a consideración del Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza en el que se establece que en el caso de “denegatoria” a suministrar la información se debe dar cuenta a la entidad.
“Ello a los fines de contralor del cumplimiento de la normativa, y para que se estime la intervención que podría caberle al organismo. Asimismo permitirá llevar adelante una estadística de la cantidad de casos denegados y su motivación”, explicaron desde la Defensoría.
