Déficit habitacional: piden informes sobre el proyecto de lotes en El Martillo
Desde el oficialismo local iniciaron un expediente en el Concejo Deliberante en torno al proyecto que quedó bajo la órbita de la Provincia.
Concejales que responden a Guillermo Montenegro iniciaron un expediente en el Concejo Deliberante a través del cual buscan pedir informes al gobierno provincial en torno al estado de las obras vinculadas al proyecto habitacional de lotes con servicios en el barrio El Martillo.
En medio de la crisis, el déficit habitacional se agudiza y las críticas a los gobiernos por el abordaje de la problemática se reiteran. Entretanto, una de las iniciativas al respecto tuvo novedades en diciembre cuando, antes de la asunción de Javier Milei, hubo una cesión a Provincia desde el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para continuar con un proyecto de 320 lotes con servicios y un centro de salud en el barrio El Martillo.
Concretamente, se trata de un predio delimitado por las calles Pehuajó, William Morris, Friuli y Mario Bravo, de 177.876,58 metros cuadrados de superficie, pero del cual puntualmente unos 161.400 metros cuadrados fueron solicitados por la Provincia y cedidos en un convenio dado a conocer el 15 de diciembre.
Desde entonces, como parte de las justificaciones buscadas por el gobierno de Milei para avanzar en brutales ajustes – como por ejemplo con el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)- se sembraron cuestionamientos mediáticos y judiciales en torno a la ejecución de los fondos.
Es en ese marco que desde el bloque de Vamos Juntos, el concejal Julián Bussetti presentó el pedido de informes para conocer detalles desde el Concejo Deliberante local.
En su presentación hizo foco en que, tal como fue anunciado, desde el 21 de enero el gobierno de Axel Kicillof puede ejecutar con fondos propios las obras necesarias para la habilitación del equipamiento comunitario.
Puntualmente, el concejal cuestionó que el convenio de cesión “no específica los beneficiarios, los encargados de realizar el proyecto, los montos asignados y ejecutados de la obra, las posesiones de los terrenos y la situación tributaria de los mismos”.
Esas cuestiones son algunas a las que el concejal, a través de tres proyectos de comunicación, apunta a que se respondan desde el gobierno provincial pero también desde la Secretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio de Economía y las organizaciones vinculadas a las obras del lugar.
EL PROYECTO
Entre 2018 y 2019, en el gobierno de Mauricio Macri, se creó el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap) y un fideicomiso denominado “Fondo de Integración Socio Urbana” (FISU) para financiar actividades necesarias para llevar adelante las urbanizaciones.
En en ese marco que el fondo en diciembre de 2022 había adquirido el predio en El Martillo para la elaboración de proyectos urbanísticos y en mayo de 2023 el Comité Ejecutivo del fidecomiso aprobó un “instructivo de asignación” de lotes con servicios “para regular y establecer criterios uniformes relativos a la asignación” y, según consta en el convenio -aunque sin mayores detalles-, el 28 de noviembre el comité ya tenía un listado de 320 familias adjudicatarias.
A su vez, desde el “Fondo de Integración Socio Urbana” habían iniciado actuaciones para financiar la construcción de un centro de salud, que según expresa la documentación está en ejecución y pertenecerá a la Asociación Mutual Senderos, la obra social de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Según la documentación, la Provincia se haría cargo de la ejecución de loteo, subdivisión e infraestructura de servicios en los sectores del inmueble que fueron otorgados en uso a diferentes asociaciones y cooperativas para la administración y gestión de equipamientos comunitarios construidos o en construcción.
(Imagen: archivo / Google)
A partir del permiso, la Provincia podrá hacer “las obras necesarias para cumplir con promover la generación de suelo urbano de calidad del que resulten lotes destinados a vivienda familiar, única y de ocupación permanente, con infraestructura de servicios básicos, sistema de desagües pluviales, cordón cuneta, apertura de calles, alumbrado público, construcción de espacios verdes y equipamientos comunitarios, entre otras instalaciones que se consideren necesarias”.
Por último, señala que “a partir del día 21 de enero del 2024, la Provincia podrá ejecutar con fondos propios y bajo su exclusiva responsabilidad, por sí o por terceros, las obras que sean necesarias para el uso y habilitación del equipamiento comunitario y luego tomar a su cargo el uso, la administración y la gestión”, y aclara que el permiso se extenderá hasta la “suscripción de las escrituras traslativas de dominio en favor de los adjudicatarios”.
