Paro de colectivos: buscan saber si Montenegro sancionó a las empresas
El Frente de Todos presentó un proyecto en el que le pide informes al gobierno ante la interrupción del servicio nocturno y las sanciones contempladas en el pliego.
Mientras los paros de colectivos y medidas de fuerzas se suceden en el marco de un complejo conflicto que va en ascenso desde que se inició el pasado 22 de junio -con la suspensión del servicio en horario nocturno y con el impulso de la Unión Tranviarios Automotor (UTA)- desde la oposición elevaron un pedido de informes en el Concejo Deliberante por medio del cual buscan que el gobierno de Guillermo Montenegro informe qué sanciones se le han aplicado a las empresas teniendo en cuenta las pautas vigente en el pliego de concesión.
El proyecto del concejal de Frente de Todos, Vito Amalfitano, fue presentado antes del inicio este sábado de un paro por tiempo indeterminado por parte de choferes disidentes de la UTA que bloquean la salida de los colectivos como consecuencia de diversas deudas salariales.
En ese sentido, el expediente hace referencia al paro nocturno de 22 a 6, que se inició el pasado 22 de junio a partir de las suspensiones a trabajadores anunciadas por los empresarios debido a una baja en la recaudación y la falta de asistencia estatal -y mientras el pedido de aumento del boleto se mantiene frenado en el Concejo- medida que pese al paso de los días continúa vigente, pero ahora en el marco de una interna dentro del propio gremio, a partir del bloqueo iniciado por los choferes disidentes de la UTA el pasado sábado.
La iniciativa, concretamente, le solicita al Departamento Ejecutivo que informe sobre “el estado del cumplimiento” de la ordenanza que rige el pliego de bases y condiciones del transporte público en torno a las sanciones y penalidades allí contempladas ante la interrupción de los servicios.
El proyecto reseña uno de los artículos que señala que el concesionario deberá ajustarse estrictamente a los términos y condiciones como “prestar el servicio con continuidad, regularidad y eficiencia” y “respetar las frecuencias y el diagrama operativo”.
Asimismo, plantea que otro de los artículos indica que “cuando se comprobare que la prestación del servicio no se realiza ajustada a las modalidades y condiciones del régimen para el cual fue acordado y la concesionaria no haya dado cumplimiento a las intimaciones en tiempo y forma realizadas por la autoridad de aplicación, podrá disponerse su paralización y, consecuentemente, la rescisión o cancelación del respectivo contrato, sin perjuicio de las sanciones conexas correspondientes”.
También se centra en otro artículo del pliego que sostiene que “cuando mediaren circunstancias que determinen la interrupción de los servicios (…) la Municipalidad podrá asumir directamente o por terceros la prestación de los servicios a fin de asegurar su continuidad por cuenta y cargo del concesionario”. Y remarca que otro de los puntos estipula que “en caso de que la interrupción de los servicios fuera imputable al concesionario, este deberá satisfacer todos los costos, daños y perjuicios que se originen por cualquier concepto”.
Por otro lado, también hace referencia al apartado de penalidades previstas en casos de incumplimiento en el servicio y repara en un artículo que dispone que “las infracciones cometidas por la concesionaria serán sancionadas con penas de multas fijadas sobre la base del valor del boleto plano para el servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad de Mar del Plata, vigente a la fecha del efectivo pago de la multa” y esos valores oscilan entre 1000 y 120.000 boletos planos.
En el desarrollo del conflicto, funcionarios del Municipio hicieron referencia al mismo en unas pocas entrevistas y fue para brindarle su respaldo a los empresarios: “La baja de la actividad económica llevó a que muchos sectores tengan que suspender personal o al momento de pagar salarios unos reciben ayuda estatal y a otros esa ayuda estatal no alcanza. El transporte es uno de los sectores y, como un sector de la vida económica de la ciudad, lo que hay que hacer, como a otros, es escucharlos, ver cómo se puede resolver”, declaró al respecto el coordinador de gabinete, Alejandro Rabinovich, en una de las pocas referencias públicas al conflicto.
