“A 45 años, muchos criminales de lesa humanidad caminan por las calles”
El documento de Abuelas y otros organismos, entre la aguda situación social y las demoras judiciales, con énfasis en los casos del fiscal Fernández Garello y el juez Pedro Hooft.
A 45 años del último golpe de Estado cívico militar y eclesiástico, los organismos de derechos humanos encabezados por la filial Mar del Plata de Abuelas de Plaza de Mayo no llevaron adelante la marcha de cada Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, pero, en el marco de la campaña “Plantamos memoria“, realizaron un acto en el Faro y emitieron un documento con reivindicaciones atravesadas por la aguda crisis social y las demoras en los juicios de lesa humanidad, con énfasis en los casos del juez Pedro Hooft y el fiscal general Fabián Fernández Garello.
Por segundo año consecutivo y a diferencia de otras organizaciones, los organismos de derechos humanos encabezados por la histórica organización no se movilizaron y, además de llevar adelante numerosas actividades en distintos puntos de la ciudad, este miércoles a la tarde realizaron un acto en el Faro de la Memoria donde leyeron y difundieron un documento con fuertes declaraciones y reivindicaciones sociales.
En primer lugar, los organismos ratificaron su decisión de no marchar para “cuidar al otre”, frente a lo que calificaron como “el acto de solidaridad más grande” ante la situación sanitarias. De todas maneras, no dejaron de remarcar que continúa “con más fuerza que nunca” la búsqueda de los niños y niñas apropiados y los 30.000 desaparecidos y desaparecidas.
“El terrorismo de estado se caracterizó por ejercer la violencia política en todos los órdenes y diseminar acciones de terror sobre todo el cuerpo social, rompiendo los lazos sociales y la organización popular , imponiéndose con miles de detenidos desaparecidxs, presxs políticxs, exiliadxs y perseguidxs, instalando el terror y el miedo por décadas utilizando los Centros Clandestinos de detención como dispositivo disciplinador, donde el secuestro, la tortura, desaparición y muerte, fueron las acciones centrales del plan sistemático“, describieron.
Uno de los primeros apartados del documento está referido a la cuestión judicial y a los delitos de lesa humanidad, donde lamentaron que “a 45 años del golpe de Estado muchos criminales de lesa humanidad caminan por las calles, o están en sus casa con el beneficio de la prisión domiciliaria o la libertad condicional” y recordaron que son parte de los culpables por un “plan sistemático de exterminio”.
En ese sentido también lamentaron “la demora deliberada” de los procesos judiciales mientras muchos de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención fallecen o no están en condiciones de aportar sus testimonios a las causas.
También, expresaron su rechazo a la no destitución del juez Hooft y la resolución del caso del fiscal Fernández Garello, ambos acusados por complicidad y delitos de lesa humanidad. “Representan un hito escandaloso y una vergüenza para la sociedad y para la justicia en particular”, lamentaron.
Cabe recordar que Hooft está acusado desde 2006 de “cajonear” habeas corpus presentados durante la dictadura por parte de familiares de víctimas, entre ellos los abogados laboralistas de la “Noche de las Corbatas”. Fue sometido a jury de enjuiciamiento en 2014 en el que resultó absuelto y la Suprema Corte lo respaldó. Tras ello, el juez a cargo del caso, Martín Bava, resolvió sobreseer en la causa penal a Hooft. Tras las apelaciones, la Cámara Federal de Mar del Plata revocó la decisión y mandó al juez a tomar una nueva resolución, en la que ratificó el sobreseimiento en diciembre pasado.
En el caso de Fernández Garello, en paralelo a la dilatación del inicio de un jury en su contra, está acusado por delitos de lesa humanidad ocurridos cuando oficiaba como agente de seccional San Martín de la Dirección De Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dippba). Puntualmente y junto a otras seis personas, se lo apunta por haber participado el 23 y 24 de julio de 1981 de los secuestros y torturas de tres militantes del Partido Comunista.
En ese caso, el fiscal había sido procesado por la Justicia e incluso la causa fue elevada a juicio pero, en septiembre, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento y todas las instancias posteriores. Se espera que la Corte Suprema ahora se expida al respecto.
También, desde la Comisión Provincial por la Memoria, quien custodia los archivos de la Dippba, denunciaron su presunta participación otros hechos como el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez, en el secuestro de un militante del Partido Comunista paraguayo en Villa Pineral en 1979 y en tareas de espionaje e infiltración contra una familia de chilenos.
LA MEMORIA Y LA CRISIS SOCIAL
Claramente, como organismos de derechos humanos y voz de las convicciones de los 30.000 desaparecidos, la aguda crisis social que profundizó la pandemia está presente en el documento: cuestionaron la “naturalización de los discursos de odio” contra las minorías, la baja en la edad de imputabilidad impulsada incluso desde sectores del oficialismo, y pidieron por el fin de los femicidios, travesticidios y transfemicidios.
También se expresaron sobre tres casos puntuales de precariedad laboral y “asesinatos laborales” como lo fueron la desaparición y destrucción del submarino ARA San Juan y los hundimientos como el Repunte y el Rigel: exigieron respuestas y justicia puntualmente en lo que refiere al espionaje ilegal del que fueron víctimas las familias.
Además de la situación sanitaria y la necesidad de más vacunas para inmunizar a la población contra el coronavirus, se refirieron a la crisis económica y expresaron su respaldo a las políticas del gobierno nacional, pidiendo “la consolidación y la profundización de esas políticas” y propusieron, por ejemplo, la implementación de un salario universal que permita a los sectores más postergados un acceso inmediato a los recursos básicos para una vida digna.
Por último, llamaron al reconocimiento y respeto a la diversidad étnica y puntualmente a los pueblos originarios, y a la preservación del medio ambiente, reivindicación que además encuentra su correlato en la campaña “Plantamos memoria”.
El documento fue firmado por Abuelas de Plaza de Mayo Filial Mar del Plata, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro Y Sur de Pcia. de BsAs, Colectivo Faro de la Memoria, Asociación Nacional Ex Presos Políticos R.A. Hijos Resiste, Asociación de ex Detenidos Políticos del Sudeste, Comisión Abierta Memoria Universidad y Sociedad, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos.
