A cuatro años del crimen de Lucía Pérez, su familia marchó a Tribunales
A la espera del nuevo juicio, la familia protagonizó una intensa jornada de reclamo que comenzó con una radio abierta y terminó con cientos de fotos de Lucía frente al edificio de Brown y Tucumán.
Este jueves se cumplen cuatro años del crimen de Lucía Pérez y, como en cada aniversario, su familia encabezó una jornada de recuerdo, pero sobre todo de reclamos y pedidos. Este año los encuentra tras un nuevo objetivo: la realización del nuevo juicio ordenado por el Tribunal de Casación contra los únicos imputados, Matías Farías y Juan Pablo Offidani, a través del cual esperan que haya justicia por el femicidio, ni más ni menos, lo que reclaman desde hace 1463 días.
Como desde aquel 8 de octubre de 2016, Marta Montero, Guillermo y Matías Pérez estuvieron a la cabeza de un nuevo reclamo de justicia que comenzó en las primeras horas de la tarde en San Martín y Mitre, donde realizaron una radio abierta, junto a quienes los acompañan en la lucha a nivel local, en un caso que trascendió la ciudad y repercutió a nivel nacional e incluso internacional.
Allí, Marta Montero brindó detalles de los últimos movimientos de la causa, en medio de las demoras en la notificación a los imputados del último fallo de Casación que demoró el camino hacia el nuevo juicio.
Luego de la radio abierta, comenzó la movilización que llegó hasta el edificio central de Tribunales, allí donde en 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 -a cargo de los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale- absolvió a los principales imputados, Matías Farías y Juan Pablo Offidani, de la acusación de abuso sexual y femicidio.
Una vez frente a Tribunales y por pedido de la familia, la movilización transcurrió en silencio, sin banderas políticas, con intervenciones y con numerosas fotos del rostro de Lucía Pérez en lo alto y con su familia al frente, como queriendo mostrar al Poder Judicial que están ahí, acompañados, y seguirán estándolo hasta encontrar justicia.
Y acompañados, como desde el primer momento, porque la familia cree en la calle como herramienta para obtener lo que tanto buscan, tal como expresó Marta en diálogo con Qué digital: “La lucha es tan colectiva y tan social y la ganancia ha sido social, por eso, porque cuando uno mira por ese lado ahí te das cuenta de cuánto hemos hecho y cuánto hemos logrado”.
“1463 días sin justicia. Juramos vencer”, son las frases que dominaban la bandera negra que llevó la familia al frente de la movilización. El único color de la bandera era el corazón de las margaritas. Esas flores que encarnan la lucha de la familia, que recuerdan a la joven de 16 años y pasaron a ser un símbolo de la búsqueda de algún mínimo brote de justicia.
Por el crimen de Lucía Pérez Montero, sucedido el 8 de octubre de 2016, la Justicia imputó a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por los delitos de venta de drogas a menores en inmediaciones de una escuela y abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio, en calidad de autor y partícipe secundario, respectivamente. A Alejandro Maciel, en tanto, por encubrimiento agravado.
Tras la etapa de instrucción que estuvo a cargo en primer lugar de la cuestionada fiscal María Isabel Sánchez y luego a Daniel Vicente, quien finalmente representó al Ministerio Público Fiscal durante el proceso, el juicio se llevó adelante en noviembre de 2018. Allí, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº1 absolvió a Maciel –fallecido en julio de 2020– y también a Farías y Offidani, al entender que no hubo abuso sexual y femicidio, y solo les impuso condena por venta de drogas, a 8 años de prisión.
Tras la sentencia, recurrida tanto por la familia como por la Fiscalía General de Mar del Plata, la sala 4 del Tribunal de Casación, con la firma de los jueces Mario Kohan, Carlos Natiello y Fernando Mancini, decidió el 12 de agosto de 2020 anular las absoluciones y ordenar realizar un nuevo juicio.
La familia permanece a la espera de ese nuevo pronunciamiento de la Justicia, con nuevos cuestionamientos a la dilación de los plazos por parte del proceso y mientras, paralelamente, tanto las abogadas como legisladores y organismos coinciden en la necesidad de someter a un jury a los jueces que firmaron esa primera sentencia.
