Coronavirus: a un año del inicio del aislamiento, hubo 279 femicidios en todo el país
Así se desprende del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro. Además hubo 8 transfemicidos y 20 femicidios vinculados de varones.
A un año de iniciadas las medidas de aislamiento por la pandemia de coronavirus, el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro dio a conocer un informe en el que relevó los femicidios registrados entre el 20 de marzo del 2020 y el 20 de marzo del 2021: según el relevamiento, hasta este sábado hubo 279 femicidios, 8 transfemicidios y 20 femicidios vinculados de varones en todo el país.
Según el informe, en el período comprendido entre el inicio de la cuarentena y este sábado 20 de marzo se registraron en total 287 femicidios y transfemicidios, de los cuales 279 tuvieron como víctimas a mujeres y niñas y 8 a personas del colectivo trans. Por otro lado, se estima que los femicidios vinculados de varones adultos y niños fueron 20 casos.
En el marco de este relevamiento, desde La Casa del Encuentro describieron que la violencia extrema afecta mayormente a mujeres de entre 31 a 50 años (109 casos), luego a las de 19 a 30 años (89 casos), seguidas por las de entre 13 y 18 años (20 casos) y finalmente a las menores de 12 años (14 casos). Además se contabilizaron víctimas de entre 51 y 65 años (30 casos) y de 66 a 85 años (19 casos).
Según se desprende del relevamiento del Observatorio, de los femicidios que se produjeron en este año 109 fueron cometidos por parejas, 60 por exparejas, 37 por conocidos o vecinos, 14 por otro tipo de familiar, 11 por padres o padrastros, 9 por hijos o hijastros, 4 son considerados femicidios estatales y 44 no presentan vínculo aparente. Esto quiere decir que el 60% de los femicidas eran parejas o exparejas de las víctimas.
Desde la La Casa del Encuentro también se detuvieron en analizar la ferocidad en los ataques. En el relevamiento del 2019, la mayor causa de muerte había sido por disparo, en cambio en este período de tiempo crecieron los ataques directos y hubo mujeres apuñaladas, golpeadas, estranguladas, incineradas, asfixiadas y ahorcadas.
Por último, tras el relevamiento volvieron a apuntar que la vivienda compartida sigue siendo el lugar más inseguro, algo que se vio agravado debido a las medidas de aislamiento por la pandemia de coronavirus, en especial durante los primeros meses desde el 20 de marzo de 2020. Así detallaron que el 61% de las víctimas fueron asesinadas en sus viviendas y como consecuencia dejaron a 321 hijas e hijos sin madre. En ese marco, detallaron además que “35 mujeres tenían denuncias previas y 14 medidas cautelares que no sirvieron para cuidarlas”.
EN UN AÑO SE INTENSIFICARON LOS RECLAMOS AL ESTADO
Desde La Casa del Encuentro insistieron en los reclamos que vienen realizando hace tiempo, más aún luego de “un año tan particular y ante la certeza de que los femicidios y la violencia se han incrementado”. Además de reclamar el seguimiento, acompañamiento de cada área ya sea provincial o municipal, pidieron que el Estado “garantice la entrega de alimentos o subsidios económicos para la mujer y sus hijas e hijos en las situaciones de alto riesgo, y cuando la justicia haya dictado la exclusión del hogar del agresor”.
Por otro lado, desde el espacio también pidieron que se publiquen informes con el total de las llamadas recibidas por la Línea 144 respecto de cada provincia y CABA, y además solicitaron que se presenten políticas públicas de acuerdo a esos datos obtenidos. Asimismo, exigieron que se hagan públicos los datos de la Ley Brisa, el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres producto de la violencia machista.
Ante la presentación del relevamiento a nivel nacional, reclamaron que en todas las provincias del país el Poder Judicial “prorrogue automáticamente las medidas cautelares de protección para acompañar a las mujeres y trans en situación de violencia”. Y en este sentido, demandaron que los juzgados habiliten líneas de teléfono, WhatsApp o páginas online para que las mujeres puedan realizar las denuncias y las consultas en el caso que la justicia hubiera dictado una medida cautelar al agresor.
En el marco de los reclamos, desde La Casa del Encuentro propusieron que si una mujer con sus hijas e hijos se tiene que ir de la vivienda que comparte con el agresor, se le otorgue por el término de 180 días el equivalente a una jubilación mínima.
En su informe, también insistieron en la necesidad de exigirle al Estado que garantice el acceso a la justicia ya que la responsabilidad “no culmina con la mera radicación de la denuncia”.
Ante la crítica situación resaltaron la necesidad de que el Poder Judicial priorice las denuncias por violencia y una renovación automática de las medidas cautelares ya que “las causas deben avanzar para que las mujeres no se encuentren, además, sumergidas en una situación de violencia institucional”, repararon, en consonancia con lo expresado por las referentes marplatenses que asisten a víctimas en los barrios de la ciudad.
Además, desde la entidad pidieron que se garantice que el cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencias de género funcione en todo el país ya que “tanto el litigio estratégico -que permitió el avance en la jurisprudencia con el reconocimiento del travesticidio y transfemicidio-, como el patrocinio jurídico gratuito son ejes fundamentales en la lucha por los derechos de las mujeres y la sensibilización del Poder Judicial en materia de género”, según resaltaron.
Además, entre las demandas de cara al año entrante apuntaron a que el Poder Judicial garantice la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia y que se les asegure el “acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz” a la justicia.
“Es primordial que ante una medida cautelar dictada se otorguen dispositivos de protección necesarios para que la misma sea eficiente. Sabemos que al otorgarle un botón antipánico se estaría colocando la responsabilidad de cuidado en la mujer denunciante, pero al menos tendría una mínima protección. Y en paralelo una tobillera electrónica al agresor que solo será efectiva si existe un monitoreo responsable de parte de las autoridades competentes”, detallaron.
Este año piden que se aplique de manera urgente el Programa Acompañar que fue anunciado en septiembre de 2020 por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y que garantiza durante 6 meses consecutivos el apoyo económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil a las mujeres y personas trans que se encuentren en situación de violencia por motivos de género. “No se puede demorar más la firma de los convenios en todas las provincias y los municipios de nuestro país a fin de lograr la efectivización del mismo”, subrayaron.
Por último, expresaron que la violencia hacia las mujeres y las diversidades, y su expresión más extrema -los femicidios- se tienen que abordar en forma federal, transversal e interdisciplinaria. “Sabemos que los tiempos de la justicia y la burocracia estatal demoran la aplicación de las políticas presentadas pero no nos cansaremos de recordar que son vidas las que están en juego”, argumentaron.
Por último y en nombre de todas las víctimas de violencia sexista, desde La Casa del Encuentro y su Observatorio, sostuvieron la urgente necesidad de que el Estado “incremente y priorice” las medidas que se destinan específicamente para proteger y prevenir la violencia de género en todas sus expresiones.
