Excepciones para privados, “Compensaciones Urbanísticas” y planteos de la Defensoría
Reclaman que se reúna la comisión que debe regular los índices de construcción ante los reiterados proyectos avalados por fuera de lo permitido en el Código de Ordenamiento.
Una de las características de la gestión de Guillermo Montenegro pasa por los reiterados tratamientos en el Concejo Deliberante de proyectos para aprobar construcciones de inversores privados por fuera de lo permitido en el Código de Ordenamiento Territorial (COT). Ante esas iniciativas avaladas, y la posibilidad de obtener rédito de esas habilitaciones y utilizarlo, por ejemplo, para financiar iniciativas habitacionales, desde la Defensoría del Pueblo reclaman que se conforme la comisión de “Compensaciones Urbanísticas” aprobada por ordenanza y que debe regular los índices de construcción.
Actualmente, en el Concejo Deliberante se encuentran en tratamiento diversos pedidos de excepción al COT, en algunos casos para instalar emprendimientos de empresas constructoras por fuera de lo que rige en el Código o incluso en estructuras patrimoniales.
Por ejemplo, uno de los expedientes apunta a la “Puesta en valor y funcionamiento de los edificios Chateau Frontenac y Royal” -ubicados en Alvear y Bolívar y Alberdi y Santa Fe- como también en el Hotel Hurlingham, de Boulevard Marítimo y Pellegrini. A ellos se suma la intención de levantar un “Distrito de Arte y Diseño” en el puerto, en la manzana delimitada por Juan B. Justo, Edison, Bermejo y Solís.
Esas excepciones suelen ser acompañadas de ganancias por parte de grupos empresarios que, a pesar de lograr habilitaciones impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Concejo Deliberante, sin un régimen de compensaciones, no generan ingresos extras y significativos al Municipio más allá de la especulación en torno a la siempre mencionada posibilidad de generar “puestos laborales”.
En ese sentido, en casos recientes en los se aprobaron excepciones se han dispuesto “compensaciones urbanísticas” definidas por el gobierno municipal y consideradas insuficientes por la oposición, al no existir parámetros para fijarlas. Por ejemplo, cuando el año pasado se autorizó la construcción de un edificio de 14 pisos en la costa entre las calles Viamonte y Alvear sólo se dispuso una “compensación” basada en la puesta en valor de los juegos de dos plazas públicas.
Esta situación fue objeto de planteos por parte de la Defensoría del Pueblo esta semana, desde donde hicieron foco en la necesidad de que se implemente la Ordenanza N°25.115 -aprobada en paralelo a un régimen de “Promoción” de la industria de la construcción- en la que se establece la creación de una comisión para el análisis de un sistema de “Compensaciones Urbanísticas” y dejarlo plasmado en una ordenanza en un plazo de 24 meses desde su constitución, algo que ni siquiera se concretó.
“La construcción ha tenido en los últimos dos años un crecimiento extraordinario“, analizó Barragán, y aseguró que a partir de los incentivos aprobados por el Concejo, el sector “ya suma más de un millón de metros cuadrados aprobados y en estudio”.
Sin embargo, reparó en que ese crecimiento “no es respaldado” en un aumento de la infraestructura urbana para garantizar el acceso al hábitat, plasmado en la Ley Provincial 14.449, y planteó que el Estado debe hacer algo más que simplemente avalar los excesos al COT.
“Si bien la ciudad ha contado con valiosas herramientas de planificación estratégica, el uso y la ocupación del suelo se encuentran regulados por el Código de Ordenamiento Territorial que data del año 1979 y que permanentemente es sobrepasado por emprendimientos para comercialización que exceden los límites establecidos, generando importantes réditos económicos que deben ser autorizados y avalados por el Honorable Concejo Deliberante”, apuntó.
COMPENSACIONES PARA URBANIZAR
El defensor del Pueblo, Daniel Barragán, acompaña desde hace tiempo los reclamos de las familias que viven en el barrio Centenario, en un contexto que definieron como “emergencia habitacional” ante la falta de gestiones para formalizar sus títulos de propiedad pero sobre todo ante la inseguridad de las instalaciones, con una estructura sin mantenimiento y con escaleras que se derrumban.
Si bien el complejo habitacional fue construido con fondos y aportes municipales, provinciales y nacionales en 1982, y hoy sus habitantes le reclaman por su situación a los tres gobiernos, ese presente fue el planteado por Barragán para explicar para qué podrían utilizarse fondos recaudados de las continuas excepciones que habilita el gobierno a megaemprendimientos privados, por fuera de lo establecido en el Código de Ordenamiento Territorial.
“Mientras tanto las escaleras del barrio Centenario se caen a pedazos y ponen en riesgo la vida de sus habitantes, nos preguntamos, ¿por qué no se destinan esas compensaciones a salvar vidas y mejorar las condiciones de ese castigado barrio? El poder político debe definir a favor de los que más lo necesitan y la “Responsabilidad Social Empresaria” debe compensar sus sobrepasos (o sobrepisos), aportando a solucionar problemas graves existentes en la ciudad”, planteó el defensor en un comunicado.
