Manantiales: ordenan desalojar un “espacio recuperado” de la asamblea vecinal
Se trata del edificio conocido como la “excapilla” que el concesionario usaba como depósito y que vecinas y vecinos pusieron en valor como espacio público ante su abandono.
La Justicia Civil de Mar del Plata ordenó el desalojo de un espacio de la Unidad Turística Fiscal (UTF) “Arroyo Lobería” -conocida comercialmente como “Manantiales“- que había sido “recuperado” ante su estado de abandono por una asamblea vecinal para transformarlo en un lugar de uso público. “Es un pequeño sector de reserva recuperado que en nada obstruye al sector arancelado del balneario”, cuestionaron las y los vecinos.
La resolución fue tomada la semana pasada por el Juzgado Civil y Comercial N°1, a cargo de Heber Daniel Amalfi, ante un fallo en ese sentido dictado en noviembre por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial marplatense que dispuso revertir una primera decisión del juez que había considerado que en la instancia del proceso en la que se estaba no ameritaba disponer una “entrega anticipada del inmueble” en disputa.
En ese sentido, fue en noviembre que los integrantes de la sala I de la Cámara Civil, Rodrigo Cataldo y Alfredo Méndez, dispusieron revocar la decisión original del juez Amalfi.
Como respuesta a ello, la semana pasada -después de la feria judicial- el juez emitió un “mandamiento de lanzamiento”, es decir un desalojo, para las y los integrantes de la Asamblea Luna Roja, impulsores de la recuperación del espacio, “a los fines de otorgar la tenencia provisoria del inmueble (…) a la parte actora Rivan SA“, es decir a la empresa que tiene la concesión de la UTF hasta 2031.
El magistrado también dispuso que se utilice “el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario” para hacer cumplir la medida y que en caso de que en el lugar se encuentren bienes se realice “un prolijo inventario” para su posterior retiro.
Tal como publicó Qué digital, el origen del conflicto se remonta a enero de 2021 cuando la asamblea vecinal Luna Roja inició un plan de lucha y de reclamos públicos contra irregularidades cometidas por distintos balnearios ubicados sobre la Ruta 11 sur, a la altura de Chapadmalal, entre ellos Manantiales.
Fue en ese contexto que a lo largo de ese año se iniciaron distintas acciones vecinales para la recuperación de espacios de la UTF concesionada al denunciar incumplimientos del pliego vigente y al exponer espacios que se encontraban en desuso y abandonados por la empresa Rivan SA. Se trata de una firma con múltiples denuncias y sanciones por parte de las autoridades municipales en su contra. Sin ir más lejos hace apenas unos días el Ente Municipal de Turismo (Emtur) oficializó una nueva multa por $285 mil labrada en septiembre de 2022 por “falta de mantenimiento general de la UTF”.
Fue en junio de 2021 que la empresa radicó una denuncia penal por los delitos de “asociación ilícita, usurpación por turbación de la posesión y daño” al acusar distintas acciones llevadas adelante por la asamblea vecinal en el predio, entre ellas el ingreso de integrantes de la asamblea al espacio conocido como la “excapilla” que la empresa usaba como depósito y que terminaron por transformarlo en un “parque público recuperado“.
LAS POSTURAS
Al exponer en el proceso judicial ante la Cámara de Apelación Civil, desde la asamblea vecinal afirmaron que no existía en el espacio “una intrusión” sino que en cambio había “limpieza y cuidado de un bien común que fue abandonado por décadas por Rivan SA“. También plantearon que ese espacio en manos de vecinos y vecinas de la zona de la Reserva Paseo Costanero Sur a la altura de Chapadmalal “en meses se ha convertido en un centro de encuentro comunal, interpretación y estudio del patrimonio, natural y cultural, arqueológico y paleontológico”.
Por su parte, la empresa argumentó que “los intrusos ingresaron al inmueble por un acto unilateral, sin autorización” y cuestionaron que con relación a la “ocupación del depósito y galpón ex capilla” las y los asambleístas “arrojaron a la banquina de la ruta 11 todo el mobiliario de la playa allí guardado, y que demolieron la pared con frente a la ruta 11 para colocar una nueva puerta de acceso”.
También afirmaron que “obstruyeron la entrada al sector que siempre ha sido el estacionamiento de clientes de temporada del balneario, colocando estacas para impedir el ingreso de los automóviles, cartelería para señalar que es un parque público dentro de una supuesta reserva natural, y retiraron los postes y alambrados perimetrales de la cancha de fútbol 5 que funcionaba para los clientes”.
Y finalmente a esos argumentos fueron los utilizados por los jueces Cataldo y Méndez para ordenar del desalojo. “Resulta evidente que el mantenimiento del rechazo del pedido de entrega anticipada del inmueble en cuestión hasta el dictado de la sentencia definitiva puede derivar en graves perjuicios para la accionante”, es decir la empresa Rivan SA, afirmaron.
En esa línea, teniendo en cuenta que la resolución fue tomada en noviembre, sostuvieron que “la permanencia de los ocupantes en el espacio en cuestión por el tiempo que pueda durar el trámite del presente proceso hasta su finalización, resulta incongruente frente al inminente comienzo del período estival, en el cual la actora puede desarrollar la actividad principal de balneario que fuera prevista en el contrato de concesión sobre el uso y explotación de la Unidad Turística ‘Arroyo Lobería'”.
LA RESPUESTA DE LA ASAMBLEA
Conocida la decisión de la Cámara, y fundamentalmente la resolución del juez Amalfi que terminó por ordenar el desalojo, desde la Asamblea Luna Roja lamentaron que “fiel a una interpretación a favor del privado y desatendiendo el carácter de bien de dominio público de la Unidad Turística Fiscal Arroyo Lobería, el juez da sentencia de desalojo para el parque público recuperado”.
“Esto no es desalojo: es exclusión”, apuntaron y enfatizaron: “No hay nadie alojado allí y nadie recibe lucro del espacio público recuperado. Ese espacio es un pequeño sector de Reserva recuperado por vecinos que en nada obstruye al sector arancelado del balneario. Manantiales pretende seguir regenteando un parque público ubicado en una Reserva Turística y Forestal como si fuera un rancio ‘club privado’, acumulando multas municipales, criminalizando la protesta comunitaria, saliendo en medios locales como una playa anticuada con pretensiones ABC1″.
Asimismo, cuestionaron que aquellos “bienes” que la asamblea deberá retirar del espacio ya que -a partir de la decisión judicial- “obstruyen el siempre multado negocio de Manantiales Club de Mar” son: “un cartel que señala el carácter de ‘bien de dominio público’ de la Unidad, un cartelito para que los pibes que van a jugar a la pelota se lleven los residuos, dos mesas hechas con madera reciclada por la comunidad con los descartes que Manantiales acumuló en sus basureros clandestinos, un cartel que señala que la cascada es un bien de dominio público y que fue usurpado por Manantiales durante 30 años, un gran cartel de fauna de aves de Chapadmalal, hecho en colaboración con científicxs del Conicet y un cartel mencionando la prohibición de fuego por riesgo de incendio y su marco legal”.
