“Acantilados Blancos”: absolvieron a otro de los acusados por venta de droga
Lo dispuso el Tribunal Federal de Mar del Plata al igual que ya lo había hecho con dos policías. Quince personas fueron condenadas previamente en juicio abreviado.
Un hombre de 50 años acusado de haber formado parte de una banda narco desbaratada en 2018 en la ciudad fue absuelto por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, al igual que había ocurrido el año pasado con dos policías que fueron imputados por formar parte de la organización. Previamente, otras 15 personas fueron condenadas en un juicio abreviado, al que inicialmente el acusado ahora absuelto había adherido pero al momento de la convalidación desistió y por eso en los últimos meses se llevó adelante un nuevo juicio para resolver su situación.
En mayo de 2021 se inició el primero de los juicios contra una organización integrada por 18 personas acusadas de vender drogas a metros de una escuela en el barrio Villa Mateotti con complicidad policial, al menos hasta la detención de sus integrantes en agosto de 2018 en el marco de un operativo que se difundió bajo el nombre de “Acantilados Blancos”.
Ese juicio terminó en julio de 2021 con dos policías absueltos por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata al concluir que no se acreditó la acusación y con la convalidación de 15 condenas de hasta seis años de prisión acordadas en juicio abreviados.
Sin embargo, un hombre de 50 años que inicialmente había aceptado acceder a firmar un acuerdo de juicio abreviado similar, al momento de terminar de dar su consentimiento ante los jueces desistió de esa posibilidad por lo que debió programarse un nuevo juicio para resolver la acusación en su contra.
Ese nuevo juicio se llevó adelante en los últimos meses encabezado por los jueces subrogantes Sebastián Foglia, Ernesto Sebastán y Alejandro Esmoris, que en las últimas horas terminó con la absolución del acusado ya que los magistrados entendieron que “no se ha acreditado ningún acto de comercio concreto respecto del causante Carlos Fernández que permita tener por probada la materialidad ilícita del comercio de estupefacientes endilgado”.
Si bien al momento de la absolución los jueces dispusieron que quedara en libertad, la medida no se hará efectiva ya que el hombre se encuentra detenido también a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata en una causa por robo.
La acusación sostenida por el auxiliar fiscal Carlos Fioritti y el fiscal Subrogante Fabián Céliz era que el acusado era la persona que proveía la droga a quienes la vendían en el asentamiento “Villa Mateotti” y por eso habían pedido que se lo condenara a ocho años y nueve meses de prisión por el delito de comercio de estupefacientes, agravado por haber intervenido más de tres personas en forma organizada, por haber participado un funcionario policial encargado de la prevención y por haberse cometido en las inmediaciones de un establecimiento de enseñanza.
Al momento de su alegato, los fiscales habían pedido que se tuviera en cuenta como prueba que el acusado “había reconocido los hechos endilgados” al momento de acceder inicialmente al juicio abreviado por lo cual se había convenido una pena de seis años de prisión aunque luego ante los jueces manifestó su negativa a lo acordado.
El abogado defensor, Lucas Tornini, sostuvo que el acusado desistió de acceder al juicio abreviado ya que previamente lo había acordado “en virtud de la exigencia del fiscal de que el mismo fuese aceptado por los familiares implicados de manera conjunta”.
Gran parte de los acusado en esta causa fueron detenidos en agosto de 2018, cuando la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria llevaron adelante un megaoperativo denominado “Acantilados Blancos” que incluyó una veintena de allanamientos en los que, además de cocaína y marihuana, se secuestró una importante cantidad de armas. Según se desprende de la acusación, la organización se dedicaba “al abastecimiento de estupefacientes a grupos familiares, allegados y sujetos vinculados o no”, quienes además vivían en la zona de la Villa Mateotti.
En el primer juicio, los jueces Roberto Falcone, Nicolás Toselli y Fernando Machado Pelloni pidieron en su fallo al Ministerio de Seguridad de la Nación que el dispositivo de la Prefectura ubicado en Talcahuano y la avenida Mario Bravo se desplace alrededor de 120 metros sobre la misma avenida hasta la puerta del Jardín 919 para alcanzar “una disuasión efectiva para evitar la reiteración, en el lugar, de los hechos en juzgamiento” teniendo en cuenta que a poco más de cien metros del asentamiento ubicado sobre la manzana que encuadran Mario Bravo, Benito Lynch, Mateotti y Talcahuano se ubica el Jardín municipal 919, la Escuela Primaria 35 y la Secundaria 47.
También los jueces, ante pedidos efectuados por la fiscalía, solicitaron a la Municipalidad para que se garantice el servicio ininterrumpido de la cámara de seguridad ubicada en la esquina de Mario Bravo y Talcahuano “en razón de que se han observado intermitencias en su funcionamiento que generan el espacio para que el tráfico de estupefacientes se lleve a cabo”.
