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04/02/2023

Lesa humanidad: avanza un nuevo juicio contra el represor Miguel Wolk

Mientras cumple prisión domiciliaria en Mar del Plata, escuchará los alegatos en la causa “Hogar de Belén” que se tramita en La Plata.

Lesa humanidad: avanza un nuevo juicio contra el represor Miguel Wolk
Wolk, por videoconferencia, en el inicio de uno de los juicios

El represor Juan Miguel Wolk -que desde 2016 cumple prisión domiciliaria en Mar del Plata- enfrentará en los próximos días la etapa de alegatos con pedidos de condena en el juicio conocido como “Hogar de Belén” que se lleva a cabo en La Plata desde marzo del año pasado y que lo tiene como uno de los expolicías acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. En paralelo, sigue siendo juzgado en otro proceso, iniciado en 2020, por crímenes cometidos en tres centros clandestinos conocidos como “Pozo de Banfield”, “Pozo de Quilmes” y “El Infierno”.

Juan Miguel “El Nazi” Wolk fue el responsable del “Pozo de Banfield” durante 1976 y 1979 y cumple prisión domiciliaria desde 2016 a metros de la entrada del Bosque Peralta Ramos en Mar del Plata. Él es uno de los 18 represores –entre los que también estaba el fallecido Miguel Etchecolatz- que en octubre de 2020 empezaron a ser juzgados por el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata por crímenes cometidos en tres centros clandestinos de detención.

Pero mientras ese debate sigue adelante -se retomará tras la feria judicial-, Wolk en los próximos días afrontará la etapa de alegatos en otro debate en el que también está acusado, que se inició en marzo del año pasado y que concentra dos masacres perpetradas en marzo de 1977 en Almirante Brown y Lavallol, que culminaron con los homicidios de seis personas, y la apropiación de tres hermanos: Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez, cuando tenían 2, 4 y 5 años.

Las víctimas de las matanzas fueron María Florencia Ruival, José Luis Alvarenga, Vicenta Orrego Meza de Ramírez (madre de Carlos, Alejandro y María Ester), Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee.

Tras el asesinato de su madre, que fue víctima de uno de los procedimientos, la niña y los niños fueron confinados en un hogar (“Pequeño Hogar de Belén”) hasta los últimos días de la dictadura por disposición del Poder Judicial, y sometidos a malos tratos y abusos sexuales. Así fue impedido que su su padre y su tía paterna conocieran su paradero.

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Por su intervención como autores mediatos en esos hechos están acusados tanto el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart como el excomisario y jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk. Esa misma acusación recaía sobre el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, que falleció el año pasado.

Por su parte, otros cinco ex policías bonaerenses que revistaban en la Brigada de Investigaciones de Lanús están acusados en calidad de autores directos: Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabro, José Augusto López y Rubén Carlos Chavez. Y entre los acusados también está una exsecretaria del Tribunal de Menores N°1 de Lomas de Zamora, Nora Susana Pellicer, por sustracción, ocultamiento de menores y haber hecho incierto su estado civil.

En lo últimos días los jueces José Antonio Michilini y Nelson Jarazo -Andrés Basso no intervino- llevaron adelante en el Partido de Almirante Brown una inspección judicial de la vivienda atacada el 15 de marzo de 1977, donde fueron asesinados Vicenta Orrego, María Florencia Ruibal y José Luis Alvarenga.

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La realización de la inspección había sido solicitada en el ofrecimiento de prueba por el Ministerio Público Fiscal. Según informó la Unidad Fiscal La Plata, durante la inspección se realizó un recorrido sobre la casa atacada, y se estableció dónde estaban ubicados el personal policial y otras personas vestidas de civil al momento del ataque, cómo se sucedieron los disparos, por dónde se trasladaron los cadáveres y el lugar donde estaban ubicados los hermanos Ramírez. Asimismo, se realizó un reconocimiento de la zona y se recorrieron otros lugares de la manzana aludidos por testigos.

De acuerdo con la acusación fiscal, tras esa masacre perpetrada la niña y los niños -uno de ellos herido de bala- fueron retenidos y ocultados de su familia biológica, con la actuación indispensable del personal del Tribunal de Menores Nº1 de Lomas de Zamora, a cargo entonces de la jueza Marta Delia Pons (fallecida), y sometidos a malos tratos y abusos sexuales.

En el final de la dictadura, la Corte Suprema hizo lugar a la petición de su padre, Julio Ramírez, y restituyó los hermanos a la familia biológica. La niña y los dos niños se refugiaron en Suecia y viven allí desde entonces, junto a su padre, quien para la época de los hechos estaba en la cárcel detenido por razones políticas.

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04/02/2023