Neonazis: cuestionan las pruebas y la imputación generalizada
Las defensas de los ocho jóvenes acusados -seis de ellos con prisión preventiva- expusieron sus argumentos de apelación. Aseguraron que “Bandera Negra nunca existió” y que es “inaplicable la ley de discriminación”.
Déficit probatorio, imputación confusa, generalizada y global e intromisión en la esfera íntima de los acusados fueron algunos de los planteos que sostuvieron las defensas de los ocho jóvenes acusados por los ataques neonazis –seis de ellos con prisión preventiva- en la audiencia realizada ante la Cámara Federal de Apelaciones en la que solicitan la liberación de los detenidos y cuestionan el procedimiento de la Fiscalía a lo largo de la investigación.
Tal como había sido previsto a partir de un pedido del fiscal general federal, Daniel Adler, este lunes los jueces Alejandro Tasa, Eduardo Jiménez y Jorge Ferro encabezaron la audiencia -sin la presencia de los acusados- en la que la defensas explicaron las causas de las apelaciones presentadas ante la decisión del juez de primera instancia, Santiago Inchausti, de procesar a los ocho jóvenes y ordenar la prisión preventiva para seis de ellos.
A Oleksandr Levchenko, Alan Emanuel Olea, Gonzalo Paniagua, Nicolás Caputo, Franco Martín Pozas, Giuliano y Giordano Spagnolo, y un menor de edad se los acusa de haber actuado, en grupo o individualmente, en diversos episodios de violencia –que van desde pintadas, daños materiales, amenazas de muerte y fuertes golpizas-, cuyas víctimas no fueron elegidas al azar, bajo la reivindicación del nazismo y el uso y difusión de simbología vinculada a ello, cuestiones contempladas como actos discriminatorios en la ley 23592. Esto además de la pertenencia a un grupo organizado de personas, que actúa en relación a personas o grupos minoritarios, así como comercios que pertenecen a sujetos con militancia política o actividad social.
La defensa Paniagua y Caputo –integrantes de Bandera Negra– sostuvo que la agrupación “nunca existió como tal ya que nunca llego a constituirse”, y relató que los dos jóvenes formaban parte de una banda de rock llamada Sin miedo a oír.
En concreto sobre las acusaciones, planteó que existieron “serias contradicciones” en el testimonio del dirigente de Amadi Javier Moreno Iglesias sobre los actos violentos acontecidos en el bar de su propiedad, Nevermind. Según la versión de los acusados, el origen del disturbio fue por un llamado del baterista de la banda hacia Paniagua y Caputo a partir de que había sido agredido por un patovica del lugar. En ese sentido, negó que se haya tratado de un ataque discriminatorio y apuntó que los caños de PVC “nunca fueron encontrados pese al rápido accionar de la policía”.
Por otro lado, reparó en el ataque ocurrido en Plaza España y sostuvo que “no hubo premeditación, fue una gresca entre bandas enfrentadas”.
Por fuera de los hechos concretos, la defensa sostuvo que es “inaplicable la ley de discriminación” y apuntó contra una “imputación confusa, generalizada y global”. De esta manera, solicitó la “libertad inmediata” e hizo referencia al “entorno familiar de contención” para garantizar la excarcelación.
A su turno, la defensa de Alan Emanuel Olea, Oleksandr Levchenko y el menor de edad imputado cuestionó medidas probatorias como una rueda de reconocimiento por considerarla “extemporánea e ilegítima” y también hizo referencia a una “imputación genérica”. Por otro lado, cargó contra una “intromisión en la esfera íntima” de los acusados y sus familias antes de que fueran imputados, esto a partir del acceso a llamadas telefónicas y chats.
Los argumentos de todas las defensas al reclamar por la denegación de las excarcelaciones y los procesamientos serán valorados por la Cámara, que deberá luego determinar si acepta o no las apelaciones correspondientes.
