La Legislatura bonaerense debate la regulación de las aplicaciones de delivery
Qué establece el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción y este martes podría quedar en condiciones de ser tratado en Diputados.
Mientras en Mar del Plata surgen iniciativas como la conformación de una cooperativa de trabajadores del reparto tipo delivery en busca de recuperar derechos laborales eliminados por el avance de las plataformas digitales, que profundizaron los niveles de precarización en el sector al esconder relaciones de dependencia, la Legislatura bonaerense retomará este martes el debate de una ley para regular la actividad de las aplicaciones como Rappi y PedidosYa que no brindan cobertura alguna a quienes ofrecen su mano de obra y movilidad.
El proyecto de ley impulsado por el senador del Frente de Todos Omar Plaini fue presentado hace un año en la Cámara de Senadores bonaerense y en octubre se produjo su media sanción con un tratamiento sobre tablas y su paso a la Cámara de Diputados, donde este martes se producirá su tratamiento en comisiones.
Se trata de una reunión conjunta de las cuatro comisiones por las que debe atravesar el expediente: Asuntos Constitucionales y Justicia, Presupuesto e Impuestos, Legislación General y Trabajo. En caso de contar con votos suficientes el proyecto conseguirá dictamen y podrá ser tratado en la próxima sesión de Diputados en busca de convertirse en ley.
¿Qué establece el proyecto? Como primera medida, crea un “Registro provincial único y obligatorio para trabajadoras y trabajadores de plataformas en aplicaciones”.
El expediente con media sanción delimita que ese registro funcionará en el ámbito del Ministerio de Trabajo bonaerense y específica que comprenderá a “todas aquellas diligencias, transporte, entregas y/o retiro de sustancias alimenticias, elementos varios, correctamente embalados y sellados, hacia terceros realizadas en motovehículo y/o bicicleta”.
De esta manera, alcanza a todas las personas trabajadoras “que ejecutan personalmente estas actividades a tiempo y jornada total o parcial, ya sea por cuenta propia o ajena, o bajo cualquier otra forma que haga presumir la existencia de una relación laboral dependiente”.
En ese sentido, plantea que “las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias” tendrán “la obligación de inscribir a sus trabajadores, así como los vehículos utilizados a tal fin”. El registro, según prevé el proyecto, extenderá un certificado habilitante “personal e intransferible al titular de la aplicación para cada trabajador/a y vehículo afectado a esta actividad”.
Además, le asigna al gobierno provincial la tarea de fijar las condiciones y requisitos de inscripción; identificar a personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias de esta actividad e individualizar a los trabajadores habilitados; controlar las condiciones del servicio y el efectivo cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva esta actividad; y determinar las condiciones y plazos para la inscripción, así como las sanciones y responsabilidades que deriven de su incumplimiento.
También platea que el gobierno deberá “exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias que denuncie la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a la cual pertenecen sus trabajadores” así como “el horario de conexión y desconexión que integran la jornada de los trabajadores y trabajadoras”.
“Estos trabajadores y trabajadoras se encuentran dentro del colectivo de los vulnerables, víctimas de la flexibilización y la precariedad laboral. Los trabajadores de las aps, como ser Glovo, Rappi, PedidosYa o Uber Eats, no son provistos del transporte (bicicleta o moto), además no poseen cobertura ante accidentes de trabajo, ni compensaciones, ni licencias, ni limite a la jornada laboral, ni aguinaldo, ni vacaciones, es decir ningún derecho ni protección conforme lo previsto por la Ley de Contrato de Trabajo, la Constitución Nacional, los convenios colectivos y demás legislación laboral, encontrándose en un estado de desprotección y vulnerabilidad total”, plantea entre sus fundamentos el proyecto impulsado por el Frente de Todos.
Y señala que las empresas “se ofrecen como una suerte de mediadores eficaces del autoempleo” ya que la ocupación “a través de plataformas se extiende cada vez más como una opción para la masa de jóvenes desocupados, ofreciendo la posibilidad de acceso a una fuente de ingresos casi inmediata y con escasos requerimientos de capacitación”.
En ese sentido, remarca que “la opacidad del funcionamiento de las apps es parte de un nuevo modelo de negocio que ha reescrito las reglas de la explotación del trabajo” y considera que “gracias a la gestión algorítmica las plataformas operan con costos prácticamente nulos, con un aumento de la eficiencia que permite una importante reducción de costos, muy especialmente, en el terreno de los costos laborales” por lo que “los trabajadores quedan expuestos a condiciones de extrema inseguridad laboral”.
“Los trabajadores, así, recorren las ciudades sin ningún tipo de seguro contra accidentes de trabajo, sin derecho a enfermarse, sin protección en materia previsional, sin el derecho a descanso o a licencias, a un salario mínimo, a un derecho a jornada limitada o derecho a desconexión, a vacaciones pagas. En la práctica son retribuidos solo en los momentos en que trabajan para el cliente, debiendo proveerse su ropa, su vehículo y la caja para transportar los productos”, describe y define: “La plataforma fija precios, la jornada, controla a los trabajadores, la ejecución de la tarea y distribuye premios y castigos según rendimiento, se trata de trabajo en relación de dependencia, no reconocido y no regulado“.
Hace casi un año el Ministerio de Trabajo de la Provincia realizó un operativo de inspección laboral que calificó como “inédito”: en 24 municipios -entre ellos General Pueyrredon- relevaron a personas que se desempeñan en las aplicaciones de delivery.
Según informaron desde el gobierno provincial, las inspecciones se centraron en controlar la registración, condiciones laborales, de seguridad y salud de las y los trabajadores. Así reconocieron que es una de las actividades “donde se registra mayor vulnerabilidad de los derechos laborales”, en la que a pesar de tener que cumplir con determinada cantidad de horas diarias en zonas específicas y someterse a sanciones, son empleados como monotributistas o autónomos, sin un lugar físico de trabajo ni dónde reclamar.
En 2020, en medio de la pandemia del coronavirus, el delegado regional en Mar del Plata del Ministerio de Trabajo, Raúl Calamante, dialogó con Qué digital y manifestó la necesidad de que el Estado regule la actividad, a través de un marco normativo. “Esto se ha sumado al teletrabajo y a distintas formas que buscan ir rompiendo los convenios laborales. Son formas de flexibilización laboral en las cuales no hay posibilidad de tener un seguro, vacaciones, aportes jubilatorios”, sostenía el funcionario en aquel entonces.
