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24/09/2022

Empieza a regir la ordenanza que limita la prostitución a la avenida 10 de Febrero

Desde este sábado, quienes la ejerzan fuera de horario o del único espacio designado por el Municipio podrían sufrir multas e incluso arrestos.

Empieza a regir la ordenanza que limita la prostitución a la avenida 10 de Febrero
(Foto: archivo / Qué digital)

A tres meses de que en el Concejo Deliberante se aprobara por mayoría la ordenanza impulsada por el gobierno de Guillermo Montenegro para “regular” la prostitución en Mar del Plata y luego del rechazo de diversos sectores que derivó en la presentación de dos recursos de amparo, la oposición de vecinalistas y de un sector de trabajadoras sexuales, este sábado comienza a regir la normativa que circunscribe la denominada “zona roja” en la avenida 10 de Febrero desde Cacique Chuyantuya hasta Juan Cutay -en la zona sur de Mar del Plata- y que penará con multas y arrestos para quienes incumplan.

Tal como estaba previsto, a partir de este sábado, comienza a regir la normativa que establece límites a la prostitución en Mar del Plata y la centra en un sector habilitado y preparado por el Municipio, comprendido en la avenida 10 de Febrero desde Cacique Chuyantuya hasta Juan Cutay -a excepción del frente del Cementerio- para ejercer la actividad entre las 22 y las 6.

A partir de la ordenanza, además de comprometer al Municipio a garantizar atención social de las personas que la ejerzan y el normal desarrollo de la actividad en la zona, desde hoy aquellas personas que incumplan con la delimitación de la zona podrán ser multadas con valores que oscilan entre los $172 mil y $861 mil y arrestadas de 5 hasta 30 días.

En virtud de esa perspectiva de la ordenanza, el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, explicó semanas atrás a Qué digital que el sistema de sanciones comenzará siempre con “actuaciones de multa” llevadas adelante por personal municipal y policial, en tanto que -según afirmó- “para llegar a una situación de arresto se tiene que llegar a una situación muy reiterada o extrema”. De todos modos, la imposición de las sanciones dependerá de la Justicia de Faltas.

Dentro de los diversos sectores que se pronunciaron en torno a la normativa, desde la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual advertían semanas atrás que “desconocerán la ordenanza” si bien en un primer momento habían destacado la regulación de la actividad y la iniciativa del gobierno local, continúan denunciando la criminalización de la normativa y buscando reunirse con el intendente Guillermo Montenegro para abrir nuevas zonas permitidas como el sector sin frentistas de Luro desde Chile hasta Tierra del Fuego.

Es que la Ordenanza N°25.590 que entra en vigencia este sábado y por ahora limita solo la actividad a esa avenida de la zona sur, faculta a la Secretaría de Seguridad a poder modificar horarios y agregar nuevas zonas habilitadas a la Secretaría de Seguridad, a cargo de Martín Ferlauto. 

Mientras tanto, las trabajadoras ratificaron que mantendrán su actividad en las zonas en las que lo hacen actualmente mientras en los últimos días referentes vecinalistas de los barrios Don Diego, Las Canteras, Florencio Sánchez y Santa Celina sumaron junto a las trabajadoras su rechazo a la habilitación de la actividad al denunciar las condiciones de la zona.

Por otro lado, como parte de la vigencia de la norma, otra de las tareas que debía cumplir el Municipio, puntualmente la Secretaría de Seguridad, era poner a disposición de vecinos y vecinas de esa y de otras zonas una línea telefónica “con el fin de poder denunciar los incumplimientos de la Ordenanza N°25.590”. En ese sentido, días atrás se informó que las denuncias serán recepcionadas en la línea de WhatsApp 2234368599 de la Patrulla Municipal.

Además de las calles, el rechazo a la norma también llegó a la Justicia en las últimas semanas a través de dos amparos presentados contra la regulación, uno por parte de la Fundación Alameda y el primero por el Comité nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, aunque por el momento ninguno de los dos logró poner en jaque la vigencia de la ordenanza que era uno de los objetivos de gestión de Montenegro.

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