Georgina Orellano y el trabajo sexual en Mar del Plata: “La ordenanza es muy racista”
En su paso por los hoteles de Chapadmalal de “vacaciones puteriles”, la delegada sindical de Ammar dialogó con Qué digital sobre los principales puntos de debate del trabajo sexual a nivel nacional y local.
Bajo las políticas que el gobierno nacional impulsó en los últimos años en su búsqueda por reactivar el turismo social en las Unidades de Chapadmalal y Embalse (Córdoba) con obras y la reapertura de hoteles, un grupo de al menos diez trabajadoras sexuales de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) —entre ellas su referente, Georgina Orellano— disfrutan el último fin de semana de sus vacaciones puteriles frente al mar. Su visión sobre los principales puntos de debate del trabajo sexual a nivel nacional y local.
Es sábado a media mañana. El tiempo está caluroso y denso, y los y las trabajadoras esperan junto a sus hijos e hijas el desayuno en el bar del hotel 5 mientras se reparten pines rojos que dicen “trabajo sexual es trabajo y derechos laborales para lxs trabajadorxs sexuales“.
“¿Cómo pensamos las vacaciones las trabajadoras sexuales? ¿Qué implica para nosotras descansar? Quizás para muchas arreglar la casa, limpiar, poder quedarse en el hogar. Pero no está esa idea del disfrute“, se cuestiona en una entrevista con Qué digital Georgina Orellano, una de las principales referentes del trabajo sexual en el país, autora del libro Puta feminista y secretaria general del sindicato que, por segundo año consecutivo, se propone ofrecer a sus afiliados y afiliadas un servicio de “derecho a las vacaciones” en los hoteles que el peronismo destinó, justamente, para los sectores populares.
“Para nosotras es importante la formación política de las compañeras y que tengan el derecho a vacacionar pero siempre discutiendo qué es tener vacaciones porque nosotras no tenemos derechos laborales como trabajadoras sexuales”, define en el comienzo de un relato que se centra en el reconocimiento de la actividad y mientras las normativas locales que buscan regular las “zonas rojas” como la impulsada por el gobierno de Guillermo Montenegro en Mar del Plata “son cada vez más frecuentes” y “recrudecen el estigma, la persecución policial y violencia sobre las trabajadoras”.
“Cuando los municipios deciden trasladar la zona de trabajo sexual lo piensan como una política del ‘cuidado del vecino’ e incluso una política de seguridad. Pero nuestras voces no están presentes en esos diálogos, discusiones y debates. En los lugares en los que hubo traslado de la zona roja solo se produjo más estigma hacia las trabajadoras sexuales, más persecución, inseguridad, exposición y situaciones de violencia”, plantea Georgina. Sin ningún reconocimiento de la actividad, quienes ejercen el trabajo sexual lo hacen, además, en condiciones precarias: sin cobertura médica, sin aportes jubilatorios, sin ingresos fijos.
Pese a los múltiples pedidos por derogar la Ordenanza 25.590 que incluso fueron presentados ante la Justicia y rechazados, desde hace cuatro meses la oferta y demanda de sexo en la vía pública en Mar del Plata se limita a la zona “detrás del cementerio” en la avenida 10 de Febrero entre Cacique Chuyantuya y Juan Cutay. La normativa que —continúan denunciando desde distintos sectores— ejerce una mayor criminalización sobre las trabajadoras, establece para quienes desarrollan la actividad por fuera de la zona delimitada la imposición de multas desde los $204 mil hasta el millón de pesos y arrestos de 5 a 30 días.
— ¿Qué implica un traslado de la “zona roja”?
— Desde Ammar históricamente tenemos una posición política en cuanto a las zonas rojas y es que no estamos de acuerdo. Cuando algún municipio o alguna provincia rápidamente saca de la galera trasladar la zona de trabajo sexual lo piensa como una política del ‘cuidado del vecino’ o una cuestión de seguridad. Los discursos que se leen en los diarios o que repiten algunos funcionarios traen consecuencias porque contribuyen a generar esa imagen del sujeto de las trabajadoras sexuales como un ‘sujeto malo’ que ‘cuanto más lejos lo tenga de mi casa mejor va a ser’. Eso genera un ghetto que nos aísla socialmente y que para nosotras es muy peligroso. Nos quieren lejos de todo, lejos de la vista y más clandestinas, más vulnerables, más violentadas.
El traslado de la zona roja no resuelve el problema de fondo a nadie, ni a la trabajadora sexual ni al vecino. Solo termina favoreciendo al gobierno de turno que lo que va a tener para contar de su gestión es que fueron los héroes que lograron trasladar la zona roja. Lo cuentan como una política del cuidado del buen vecino y la verdad es que estas políticas aparecen cada vez con más frecuencia en los municipios porque es muy fácil el traslado de la zona roja: no implica ningún gasto, ningún presupuesto. Nunca ninguna regulación de zonas de trabajo sexual implicó un reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales, solo mayor criminalización.
Nosotras no estamos a favor de la regulación del trabajo sexual porque no estamos a favor de que el Estado nos diga dónde tenemos que trabajar. Ya sabemos dónde nos quiere el Estado: lejos de las escuelas, de las casas, de las iglesias. Y ya sabemos que lejos de todo quedamos vulnerables y expuestas
UNA ORDENANZA “RACISTA” QUE “EXPULSA A LAS TRABAJADORAS MIGRANTES”
El sindicato de Ammar surgió en 1994 a partir de la organización de trabajadoras sexuales en una búsqueda por el reconocimiento de sus derechos y como una forma de resistir a la violencia institucional que de manera sistemática han padecido. En 1995, Ammar se sumó a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y a partir de allí las trabajadoras comenzaron a reconocerse a sí mismas como tales ejerciendo la actividad bajo lo que denominan como “consentimiento propio” y de manera autónoma.
La organización del sindicato las llevó a contar en la actualidad con más de cinco delegaciones en distintas provincias del país y su propia casa roja en el barrio Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en donde se brinda asistencia alimentaria, escolar, sanitaria —las vacaciones puteriles surgieron, según sus relatos, en respuesta a una “demanda” que hasta entonces no había sido atendida sobre la salud mental y el derecho al descanso de las trabajadoras sexuales— además de ser un espacio comunitario de encuentro.
En diciembre, a tres meses de la entrada en vigencia de la normativa que reguló la zona en donde se desarrolla la actividad en Mar del Plata y luego de varias denuncias de trabajadoras sexuales de la ciudad por persecución policial y violencia institucional, Georgina asegura que desde Ammar se recibió a un importante número de trabajadoras sexuales de Mar del Plata —principalmente mujeres trans migrantes— que se mudaron a Constitución y Palermo en busca de un lugar de trabajo.
“Recibimos a muchas compañeras pidiendo trabajar, sobre todo compañeras trans migrantes ecuatorianas y peruanas que vinieron con sus valijas a presentarse en la casita roja diciéndonos ‘no nos queremos quedar sin plata, no sabemos si nos van a permitir o no trabajar en Mar del Plata‘. Nos fueron a pedir una mano para conseguir un hotel que no les cobre de más y con asambleas y mediaciones arreglamos la situación con nuestras compañeras porque siempre se genera un conflicto con las trabajadoras nuevas y las zonas de trabajo”, relata Georgina.
Las compañeras nos decían ‘no nos dejan trabajar, nos mandaron al cementerio y los vecinos están re contra organizados. No queremos más tener que resistir todo el tiempo y lidiar con la Policía, necesitamos trabajar porque tenemos que mandarle dinero a nuestras familias’
Para Georgina, la ordenanza que impulsó el oficialismo no es más que una medida “muy racista” debido a que “la mayoría de las trabajadoras sexuales de Mar del Plata son migrantes“. Asegura que no se trata únicamente de un “traslado” de zona roja, sino que la normativa implica la expulsión de las trabajadoras sexuales trans migrantes. Al ser consultada sobre posibles formas de resistencia, apuntó a la “organización” y la escucha de “las voces de las putas que están siendo afectadas por esta medida” además de la alternativa de generar alianzas con colectivos feministas de posición cercana al trabajo sexual y colectivos de personas migrantes.
“¿De dónde son? ¿Peruana? Patasucia, son un asco”, expresaba uno de los efectivos policiales de la Policía Bonaerense, registrado por una trabajadora sexual de Mar del Plata, en un video difundido en diciembre en el marco de un operativo desplegado sobre la avenida Champagnat. El policía no dudó en utilizar el país de origen de la mujer migrante para ejercer coerción con discriminación para que finalmente el grupo de trabajadoras sexuales abandonara la zona en la que, históricamente, desarrollaron la actividad.
RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO SEXUAL: “LA DISCUSIÓN YA NO ES CON EL ABOLICIONISMO”
En Argentina, podría plantearse que la discusión entre las posturas abolicionistas y regulacionistas aún no está saldada. Sin embargo, para las trabajadoras sexuales de Ammar esa discusión “ya no es con abolicionismo, sino con el Estado” frente a una disputa histórica “parteaguas” que, por un lado, apunta a reconocer el trabajo sexual como un trabajo con sus respectivos derechos laborales para sus trabajadoras y trabajadores y, por el otro, entiende al “ejercicio de la prostitución” en una relación de sometimiento, explotación y dominación hacia mujeres travesti-trans y cisgénero (cuando el sexo asignado al nacer coincide con el género autopercibido) en un sistema machista y patriarcal.
Si bien ejercer el trabajo sexual no es un delito en Argentina —el Código Penal solo condena la explotación sexual por parte de terceros y no la actividad autónoma, mientras el país está adherido a distintos convenios internacionales contra la trata y la explotación de personas—, los espacios de orden público en los que se practica el trabajo sexual suelen estar criminalizados y arrojan a las trabajadoras —insertas en una economía informal y en situaciones de precarización— a la clandestinidad.
Los edictos policiales, y posteriormente los códigos contravencionales, de faltas y de convivencia, sirvieron en los últimos años como un instrumento para la persecución y criminalización de quienes ejercían la actividad, algo que actualmente se refleja en las normativas municipales que posibilitan —por el simple hecho de “permanecer en la vía pública”— la detención de los y las trabajadoras sexuales e incluso —como han denunciado desde algunos sectores— de personas del colectivo LGBTIQ+ que no se dedican al trabajo sexual y terminan, de igual manera, criminalizadas por su identidad o expresión de género.
Sin datos oficiales, el último censo realizado en conjunto entre Ammar y el Ministerio de Salud de la Nación en 2009, que originalmente apuntó a identificar la prevalencia de VIH e infecciones de transmisión sexual en la población de trabajadoras y trabajadores sexuales al ser considerados como una “población vulnerable”, permitió relevar otras cuestiones que hacen a las condiciones de vida de quienes ejercen el trabajo sexual y que históricamente no son contempladas por el Estado. Allí identificaron una presencia importante del colectivo migrante de Perú, Ecuador, República Dominicana y Paraguay en el país entre mujeres cis y travesti-trans.
“Aprovechamos la posibilidad de que, más allá de tener ese dato que necesitaban del índice de prevalencia del VIH, nosotras queríamos saber otras cosas: qué les pasa a las trabajadoras sexuales, cuántas terminaron la escuela, cuántas tienen vivienda propia, cuántas tienen obra social, cómo se conforma su familia”, enumera Georgina. Ese último censo, catorce años atrás, arrojó alrededor de 80 mil trabajadoras sexuales en el Argentina de las cuales 20 mil ejercían en la vía pública y “el resto lo hacía puertas para adentro en lo que antes era conocido como cabarets, whiskerías, casas de cita, departamentos privados”, recordó en torno a lo que sucedía previo a la prohibición de ese tipo de establecimientos “que ahora hace, para nosotras, mucho más difícil buscar un número de trabajadoras porque el trabajo sexual se clandestinizó mucho más”, explicó.
— ¿Está dada, verdaderamente, la discusión sobre trabajo sexual en Argentina? ¿Qué se puede decir sobre la postura abolicionista que considera a la persona ‘en situación de prostitución’?
— En los feminismos está instalada la discusión y ya sabemos que es una discusión parteaguas. Muchas veces nos dicen que tenemos que ver la manera en cómo podemos ‘convivir’ y la verdad es que las putas siempre existieron. Entonces nosotras no tenemos que aprender a convivir. Me parece que son otras las que tienen que aprender a convivir con un sujeto político que ahora habla, que no se considera una víctima y que piensa distinto a lo que ellas pensaron sobre nuestras vidas y nuestro trabajo. El abolicionismo en Argentina tiene más de 120 años y siempre que nos quieren venir a debatir o discutir desde esa perspectiva (que las considera como víctimas) les contestamos ‘bueno, a ver, decime de tus veinte años de posición jurídica estatal y todos los años que estás trabajando en el Estado al frente de oficinas de la mujeres y de las diversidades a cuántas putas salvaste. ¿Cuáles fueron tus políticas integrales? ¿Qué trabajo digno les diste? Si cerraste el cabaret, ¿dónde están esas trabajadoras, qué trabajo decente les diste, qué articulaciones y seguimientos les diste?’. No hay nada de eso. Cuando a las putas se les cerró el cabaret terminaron trabajando en la calle y en departamentos privados teniendo que dejar porcentaje de su ganancia y expuestas a mucha más explotación. No se le dignificó la vida a nadie, se les empobreció más en contextos de mayor riesgo del que se encontraban.
Cuando el abolicionismo quiere venir a discutir con esa idea de ‘sacarnos a todas’ le preguntamos cuál es su plan. Hace poco una diputada nacional presentó un proyecto para la restitución de derechos de las personas en situación de prostitución. Consistía en el pago de un salario mínimo, vital y móvil durante seis meses. Entonces le dije ‘bueno mirá, ¿vos cuánto ganás como diputada? ¿300 lucas? Bueno, eso es lo que nosotras queremos ganar. ¿Por qué a nosotras nos das 50 mil solo por seis meses? Con 50 lucas nosotras no vivimos’. Le contamos que la mayoría somos madres, jefas de hogar, con uno a siete hijos y los alquileres a las putas nos salen el doble. A la puta siempre todo le sale el doble. Cuando nos vienen con esas políticas, que encima nos hablan como si fuese una gran idea y con compasión, les decimos que nosotras queremos ganar lo mismo. Eso es luchar por la igualdad. ¿Por qué las pobres tenemos que conformarnos con migajas y, encima, ser agradecidas con alguien a quien nadie le pidió que presente este proyecto de restitución de derechos? Si querés restituir un derecho danos jubilación. Que las putas viejas que van a entrar en su vejez tengan una vejez digna, no pasando frío-calor y siendo violentadas por la policía con sus 50 o 60 años en una plaza o paradas en una esquina. Si el Estado quiere estar presente, podrían tener salidas del trabajo sexual más dignas que las que actualmente atraviesan.
Esa es, de algún modo, la discusión que tenemos con el abolicionismo. Abolir a las putas no nos van a abolir. Nos cerraron los cabaret, nos prohibieron el rubro 59 (avisos de oferta sexual en medios), celebran el traslado de las zonas rojas. Pero las putas seguimos viviendo, trabajando y estamos organizadas. Fueron por la censura, la cancelación y el sistema penal para intentar abolirnos y no lo lograron. Entonces prueben con otra cosa. Prueben con escuchar a las putas. Eso es lo que siempre les decimos a las funcionarias cuando vienen a decirnos que quieren hacer cosas con nosotras. Les contestamos: ‘¿Qué tenés para darnos?’ Porque muchas veces nos dicen que no hay presupuesto, pero algo tenés que tener para darnos porque no puede ser la respuesta de un Estado peronista que no haya presupuesto o que hay que hablarlo o pensarlo. Las trabajadoras sexuales tienen que comer ahora y mientras vos pensás tu posición ideológica nosotras tenemos que seguir viviendo. Vos seguí pensando pero esas políticas de asistencia que tenés bajo tu órbita dámelas. El camión para hacerse los anteojos, el camión de Migraciones para hacerle la precaria a las compañeras. Muchas funcionarias te contestan ‘no, no, es que no tengo una posición tomada respecto al trabajo sexual’. Pero yo no vengo a discutir tu posición, yo te vengo a decir estas son las demandas de las trabajadoras sexuales. Vos seguí leyendo libros y fijándote qué posición vas a tomar pero mientras tanto, ¿qué hacemos con todas las demandas que tenemos?
LA “DEUDA”, CON EL ESTADO
El mayor desafío, al menos para los y las trabajadoras sexuales de Ammar, no es continuar el debate con el abolicionismo sino llevar esa discusión por el reconocimiento de la actividad y de los derechos laborales hacia el Congreso de la Nación: “El Estado es el que tiene esa deuda con nosotras”, sostiene Orellano. La mayoría de los proyectos de ley que apuntan a ello, presentados tanto en el Senado de la Nación como en distintas provincias, “terminaron perdiendo estado parlamentario”. Un ejemplo de ello sucedió con la iniciativa presentada en 2013 por el senador de Tierra del Fuego Osvaldo López, de Nuevo Encuentro, al ingresar un proyecto de ley ante el Congreso de la Nación elaborado en conjunto con Ammar en un intento por regular el trabajo sexual autónomo.
“Hace algunos años estamos trabajando en un nuevo proyecto de ley que contemple la realidad de todas las personas que ejercen el trabajo sexual. Es muy difícil porque tenemos que encontrar la normativa jurídica donde todas y todes podamos sentirnos contenidas y contenidos. Lleva mucho tiempo de discusión política hacia el interior del sindicato. Hoy en día procuramos eso y estamos en un proceso de discusión hacia el interior del colectivo pero tanto las que trabajan en la calle como en departamentos, plataformas virtuales o redes sociales, todes coincidimos en que necesitamos una ley que nos deje de criminalizar, una ley que proteja nuestros derechos, que garantice derechos laborales de las trabajadoras sexuales”, plantea Orellano.
“Tenemos un montón de compañeras que ya pasan los 50 años y no se pueden jubilar. Es casi urgente atender eso y fortalecer la discusión hacia nuestro adentro de cómo dar esa discusión en el Congreso. Todas y todes coincidimos en que la discusión es con el Estado, ya no es más con el abolicionismo. Ya discutimos con el abolicionismo, el feminismo, el sindicalismo. Esas discusiones ya las dimos, no vamos a retroceder. La discusión ahora es con los que tienen que tomar las decisiones”, sostiene.
Por pocas horas, en junio de 2020 las trabajadoras sexuales celebraban por primera vez un puntapié o lo que se podría considerar el comienzo en su camino por el reconocimiento de sus derechos laborales. El festejo por ser incluidas y reconocidas como trabajadoras sexuales en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que incluyó a la categoría de “trabajo sexual” como posible, duró poco. Específicamente cinco horas.
“Logramos inscribir a 800 trabajadoras sexuales y nosotras ahí teníamos la oportunidad de que el Estado conozca cuál era nuestra situación. Estábamos en un contexto muy precario de cuarentena. Muchas compañeras tenían la posibilidad, con ese registro, de contar que estaban siendo desalojadas, que salían a la calle a querer hacer las compras o hacer fila en un supermercado y el policía se las llevaba detenidas o les labraba un acta contravencional”, relata Orellano.
Cuando las trabajadoras fueron eliminadas del Registro, en medio de lo que consideraron como lobby del abolicionismo e intereses políticos, fueron recibidas por el, en aquel entonces, ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo: “Él quería darnos una explicación de por qué había bajado la categoría del registro y nosotras más o menos ya lo sabíamos. Le dijimos ‘ya sabemos por qué no lo van a dar de alta pero tenemos a 800 trabajadoras que se inscribieron. Queremos tener asegurado, al menos, un ingreso mínimo al mes que les posibilite pagar la habitación’”.
Para las “putas feministas” de Ammar pero también para las trabajadoras sexuales autónomas de otros sectores e independientes, el Registro se trató de una única posibilidad de contar su realidad y definirse como trabajadoras sexuales. Mientras el sindicato discute puertas adentro su proyecto de ley nacional, en Argentina continúa instalado el debate entre las posiciones abolicionistas, prohibicionistas y regulacionistas entre las que se cuela, complejizando discusiones que en algunos casos corresponden a otro tipo, la trata de personas, el narcomenudeo y el tráfico de drogas.
Desde Ammar afirman que “como el resto de la población” también luchan “por terminar con la trata de personas y bregamos por el fin de la explotación del trabajo sexual ajeno”. Para quienes el trabajo sexual no sea una elección sino su única alternativa como forma de prostitución, el sindicato también reclama activamente políticas públicas como lo es la ley de cupo laboral travesti trans y la “Diana Sacayán” en la Provincia de Buenos Aires que reservan un cupo del 1% en su planta estatal para personas travesti trans —normativa a la que el Municipio de General Pueyrredon adhirió y por la que se reclama su verdadero cumplimiento en la ciudad—.
En medio de los debates y mientras un sector se posicionó y diferenció muy claramente (trabajo sexual autónomo bajo consentimiento propio), las normativas que surgen en los distintos niveles del Estado como la ordenanza en Mar del Plata proponen marcos regulatorios que llevan —a modo de conclusión a partir del relato de Georgina Orellano y de las denuncias de las propias trabajadoras de Mar del Plata— a quienes ejercen el trabajo sexual a condiciones de mayor precarización, violencia, abuso, detención, estigma y discriminación frente a una herramienta que sirve a los gobiernos para ejercer mayor control sobre las trabajadoras y delimitar cómo son (o deben ser) los espacios públicos-privados.
