Quita de pases estudiantiles: “Esto es algo grave y se complica aún más”
Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense llevan adelante reclamos ante las autoridades estatales y de la empresa Costa Azul por la quita de los boletos gratuitos.
Tras conocerse la decisión de la empresa Costa Azul de quitar definitivamente los pases estudiantiles gratuitos para alumnos de General Pueyrredon, desde la Defensoría del Pueblo bonaerense detallaron las medidas que llevan adelante para intentar frenar la continuidad de una situación que, ya con el quite de los pases a las escuelas subvencionadas, calificaban como “grave” pero que a partir de ahora “se complica aún más” al dejar sin el beneficio a estudiantes de escuelas públicas.
Tal como publicó Qué digital, en las últimas horas se conoció que la empresa Costa Azul sacará los pases gratuitos para estudiantes de escuelas públicas de sus líneas 233, 212 y 259 -que unen General Pueyrredon con el Partido de la Costa y General Alvarado- y sólo los mantendrá para los que utilicen la línea 221. Situación que afecta duramente y sobre todo a los alumnos de las comunidades a lo largo de la Ruta 88. Los estudiantes de escuelas subvencionadas y privadas, por su parte, ya habían perdido la gratuidad cuando la empresa tomó los servicios de El Rápido del Sud.
Ante esta situación, desde mayo –mes en que se dio el traspaso de empresas-, la Defensoría del Pueblo fue acumulando reclamos de alumnos que acuden por cercanía a escuelas de Miramar u Otamendi, pero que desde hace meses se ven obligados a pagar un boleto con sólo el 20% de descuento (en algunos casos significa 90 pesos por día), situación que desde el 1 de noviembre también afectará a estudiantes de escuelas públicas.
Rubén Cuevas es el delegado de la Defensoría del Pueblo en Mar del Plata y, en diálogo con Qué digital, indicó que las áreas de Legales y de Serguridad Vial y Transporte del organismo ya están trabajando en la problemática para obtener respuestas del estado provincial y de la empresa que pertenece al empresario procesado Juan Inza, dueño del holding de empresas “UTE El Libertador”, integrado por la 12 de Octubre, firma que se quedó con la concesión de El Rápido del Sud.
“Desde que el traslado que va a Otamendi, Batán y El Boquerón, que son los más afectados, es prestado por la empresa Costa Azul, los alumnos que van al IMES en Otamendi y a Nuestra Señora de Lujan de Miramar desde la zona sur y oeste de General Pueyrredon, les empezaron a cobrar el boleto con un 20% de descuento cuando con el Rápido del Sud tenían el boleto gratuito”, describió Cuevas sobre el conflicto que fue expuesto semanas atrás por este medio.
“Se trata de colegios que están subvencionados al 100%, pero que tienen cuotas no tan elevadas y el coste más importante que pasan a tener día a día es el transporte, y hoy en día muchos no lo pueden cubrir. Acá hay varios reclamos en la Defensoría. Se está interviniendo tanto ante la empresa de transporte como ante la Subsecretaría de Transporte de la Provincia, que es el organismo de contralor. Hay responsabilidad del Estado acá”, añadió.
En ese sentido, contó que recibió reclamos de vecinos y vecinos que, tras haber elegido enviar a sus hijos e hijas a escuelas con la gretuidad del transporte “hoy en día a mitad del ciclo escolar hubo un cambio de circunstancias que está afectando seriamente a las familias”, indicó e incluso contó que hubo casos de familias que debieron cambiar de colegio a sus hijos por no poder abonar el costo del boleto o que, en su defecto, no van todos los días de la semana a la escuela.
“ESTO ES ALGO GRAVE QUE SE COMPLICA AÚN MÁS”
Ante esta situación, que calificó de “grave” y que se complica aún más por el quite de los pases también a los alumnos de escuelas públicas, describió cuáles son los puntos que se encuentran estudiando desde la Defensoría para abordar los argumentos de la empresa y la falta de intervención estatal. Mientras tanto, están buscando “por todos los medios” lograr una reunión con las autoridades de la empresa que lidera Juan Inza para intentar “destrabar” el conflicto.
“Hay una Ley que es la 14.735 que establece el boleto estudiantil gratuito. La empresa argumenta que no está comprendida en los alcances de la norma porque no sería un caso de sistema urbano o interurbano, sino un servicio de media y larga distancia, por lo tanto no recibe subsidios del estado y no le queda otra que cobrar el boleto”, señaló y agregó que no pudo reunirse aún con representantes de la empresa.
En cuanto a los pasos de seguir, explicó que por el momento están transitando los pasos administrativos pero aún no hay confirmaciones sobre el inicio de acciones legales contra la empresa.
“Se están haciendo los reclamos y se está exigiendo respuestas al estado provincial, que tiene responsabilidad en esto, porque si bien no está categorizado como transporte urbano o interurbano, sino como media y larga distancia, y no comprende los alcances de la ley, hay una realidad y es que justamente son distancias cortas en las que, si bien se recorre más de un partido, se utiliza mucho para el transporte de docentes, alumnos y cumple un fin social importante. La Provincia tiene responsabilidad ahí y tiene que adoptar medidas para garantizar la escolaridad de los chicos. Esto es claro. En base a las respuestas que se obtengan, se definirán los pases a seguir”, cerró.
