A cuatro meses de la invitación a Inza, el pliego de colectivos sigue estancado
El Concejo Deliberante sigue sin avanzar en el tratamiento y en diciembre volverá a vencerse otra prórroga en favor del actual empresario.
El oficialismo sigue sin hacer avanzar en el Concejo Deliberante el tratamiento del nuevo pliego para licitar el servicio de colectivos de Mar del Plata pese a que ya hace once meses que fue elevado por el gobierno. El último paso que se había dado fue en junio cuando se invitó a la comisión de Movilidad Urbana al polémico empresario Juan Inza para que expusiera su rechazo al proyecto evidenciado en una nota previa, pero la reunión nunca se concretó. Desde ese momento, el oficialismo no volvió a ponerlo en el orden del día para avanzar en su discusión. Mientras tanto, en diciembre volverá a vencerse otra prórroga en favor del actual empresario.
Cuando en los primeros días de junio el expediente volvió a ponerse en discusión en la comisión de Movilidad Urbana -tras dos meses de estancamiento- el debate se centró entre oficialismo y oposición en el estado en el que justamente se encontraba el proyecto: mientras que desde un lado acusaban que estaba en “punto muerto”, y reclamaban definiciones al gobierno y al oficialismo, desde el otro lado respondían que estaba “más vivo que nunca” pese a que para ese entonces se había tratado sólo dos veces en siete meses sin mayores novedades.
Lo cierto es que pasados cuatro meses de esas definiciones cruzadas el avance fue nulo: la comisión no volvió a tratarlo -tampoco lo hará este lunes cuando volverá a reunirse- y no hay certezas sobre cuál es el objetivo del gobierno al respecto. Es que hasta diciembre está vigente la última prórroga por doce meses firmada el año pasado por lo que todos los caminos apuntan a que en los próximos meses terminará por efectivizarse una nueva extensión de los contratos que prácticamente monopoliza Inza (Peralta Ramos y 12 de Octubre) más el de Batán SA.
El decreto que extendió por un año los contratos vigentes fijó “la continuidad de la prestación de los servicios por el plazo de doce meses o hasta la adjudicación del proceso que se está llevando a cabo o el que se sustancie para la concesión del servicio”, lo cual está lejos de ocurrir. Esa extensión correspondió a una primera prórroga de 18 meses que ya había sido dispuesta en junio de 2021 por Montenegro tras el fracaso del anterior pliego que terminó archivado en el Concejo Deliberante.
En el último tratamiento en junio del nuevo pliego la comisión de Movilidad Urbana había acordado invitar a representantes de los empresarios para que ampliaran su rechazo al expediente que expusieron en una nota elevada al Cuerpo: en ella, Inza afirmó que es “inaplicable“, que sus empresas eran “discriminadas” y que los monopolios en el servicio “son naturales” y pidió que se hiciera “un nuevo proyecto“.
La invitación fue cursada a través de Diego Basílico, integrante de las empresas, y se había fijado como fecha el lunes 26 de junio, pero el encuentro nunca se concretó.
Mientras el pliego sigue frenado en su tratamiento, lo que también quedó paralizado por el momento fue el último pedido empresarial de aumentar el boleto: la presentación la realizó Inza el 17 de agosto cuando requirió llevar la tarifa plana de los actuales $165,77 a $357,07. Algunos días después Montenegro calificó ese pedido como “inadmisible” y desde ese momento, con la campaña electoral de por medio, el gobierno no tomó ninguna definición que implique autorizar una suba.
UNA MIRADA DE LA CNRT SOBRE EL MONOPOLIO
Tras la nota de Inza de rechazo al pliego impulsado por el gobierno, la comisión de Movilidad Urbana del Concejo pidió una opinión sobre distintos puntos del expediente en tratamiento a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) cuya respuesta firmada por el director ejecutivo, José Ramón Arteaga, llegó a fines de agosto.
En ella, la dependencia nacional pone en cuestionamiento uno de los puntos centrales del pliego: la separación de las líneas en tres empresas para evitar que terminen de ser monopolizadas como ocurrió con el pliego vigente y como sigue hasta la actualidad.
Pese a que se trata de un punto fundamental reclamado por el bloque de Unión por la Patria, desde el organismo que depende del gobierno nacional entendieron que ello “no encuentra justificación”.
“Si bien a priori se debe analizar el transporte en una determinada región (en este caso el partido de General Pueyrredon) como un monopolio natural, el mismo no implica que debe desecharse la posibilidad en la cual un solo proveedor pueda ofrecer un servicio de manera más eficiente y a un costo más bajo que una multiplicidad de prestadores”, dice el escrito.
También agrega que eso “no significa que no existan diferentes modelos de operación en distintas ciudades del mundo, donde se prestan con una o más empresas, pero esa decisión tiene que estar relacionada con la forma que se logra una logística operativa más eficiente y un mejor costo de todo el sistema, considerando factores como densidad poblacional, la infraestructura de transporte existente, las unidades disponibles, la duplicidad de inversión en bases operativas, entre otras”.
Y afirma que “al no considerarse la alternativa de un único operador, tampoco se ha considerado la duplicidad de recursos que serán necesarios, el mayor costo del sistema y el modo de garantizar una operación eficiente, si más de una empresa se encontraría a cargo del servicio”.
Además, concluye que sería “oportuno revisar las propuestas considerando las instalaciones existentes, las unidades disponibles, el capital puesto a disposición aun no amortizado y un engorroso sistema de distribución de fondos de ingresos por tarifas y subsidios en más de una empresa, lo que necesariamente será una fuente de conflicto entre los mismos que afectará la calidad de servicio y su control”.
