Basural: confirmaron irregularidades en las contrataciones directas
El Tribunal de Cuentas bonaerense sancionó a dos funcionarios de Montenegro por incumplimientos a la normativa en relación con las empresas Ciageser, Esur y Ashira.
Cuando en octubre de 2022 el Concejo Deliberante aprobó el pliego de bases y condiciones para licitar la operatoria del predio de disposición final de residuos lo hizo con críticas y graves denuncias de la oposición que fueron desde plantear que se ejecutó una “irregularidad que roza la ilegalidad” en las contrataciones directas que estuvieron vigentes desde 2021 hasta que existía un “direccionamiento” para que el millonario negocio se lo quede una “empresa amiga”.
Con la licitación ya resuelta en manos de las empresas Ciageser y Esur -tras un freno impuesto por la Justicia por una de esas denuncias- el Tribunal de Cuentas bonaerense confirmó “incumplimientos” de funcionarios en esas contrataciones directas que, antes de ganar la licitación, beneficiaron a Ciageser y Esur y también a Ashira.
Específicamente, las irregularidades fueron planteadas por no justificar el atraso en la tramitación de las licitaciones, por aprobar actualizaciones de precios ante una de las prórrogas cuestionadas por los propios contadores internos y por no determinar si esas contrataciones se llevaron a cabo al valor de plaza más conveniente a los intereses del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur).
La resolución del Tribunal de Cuentas donde se advirtieron las irregularidades fue emitida a fines de diciembre como parte de la aprobación de la rendición de cuentas 2022 del Emsur y en ella dispuso aplicar una “amonestación” a quien por entonces era el presidente del Emsur, Sebastián D’Andrea, que para el segundo mandato de Guillermo Montenegro fue enviado a la presidencia del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder) y fue reemplazado por el ex secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti.
También realizó un “llamado de atención” a quien estaba a cargo de la Dirección de Gestión de Residuos, Fernando Moris.
El ex presidente del Emsur, Sebastián D’Andrea,
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El “Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires” es un órgano de control externo administrativo con funciones jurisdiccionales que posee las atribuciones conferidas en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Entre sus funciones, como se aplica en este caso, se encuentran examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas provinciales y municipales, aprobarlas o desaprobarlas y, en ese último caso, indicar los funcionarios responsables así como el monto y la causa de los alcances respectivos e inspeccionar las oficinas provinciales o municipales que administren fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad.
El organismo cuenta con una escala de sanciones que se inician con “llamado de atención” y “amonestaciones” -como las impuestas en este caso a los funcionarios involucrados-, siguen con “cargos pecuniarios hasta un importe igual a los valores sometidos a juicio” y termina con “multas, cuyos montos se gradúan entre 2 y 20 sueldos mínimos de la administración pública provincial”.
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Las sanciones definidas en este caso por el Tribunal de Cuentas se vinculan, en parte, con la silenciosa contratación directa de tres empresas (Ciageser en el “playón social”, Ashira en el relleno sanitario y Esur en la planta de lixiviados) iniciada en julio de 2021 -por ocho meses y prorrogables por cuatro más, con extensión hasta la firma de los contratos licitados y adjudicados en octubre de 2023- tras lo que fue la salida de la Ceamse del predio, que se había hecho cargo desde 2018 en medio de una fuerte crisis y el colapso del predio.
La resolución reseña las constantes prórrogas que se fueron realizado a partir del paso del tiempo y de la falta de avances en la licitación para regularizar la operatoria y se detiene en las firmadas a partir del 16 de agosto 2022 ya que contuvieron para Ciageser un incremento del 39,21 % en relación con la tercera redeterminación que se había aprobado en julio 2022 y del 8,74% para Ashira.
El fallo expone que las firmas fundamentaron su incremento en “mayores prestaciones que debían dar (más personal y mayores conceptos abonados a sus empleados, más equipos utilizados)” y en el hecho de que existían insumos que habían sufrido alteraciones “muy por encima del incremento general de precios, como el caso del combustible”.
Así, alegaron que se vio “afectada la ecuación económica, volviéndose antieconómica” y amenazaron con no seguir prestando el servicio si no se consideraban las nuevas subas. Ante ello, tres dependencias del Emsur -entre ellas la Dirección General de Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos- avalaron los argumentos esgrimidos. Pero fue la contaduría del propio ente al momento de intervenir en los pagos la que señaló que existía “una contradicción entre los argumentos esgrimidos por las empresas”.
Básicamente, advirtió que mientras “solicitaban un incremento superior al que surge de la ecuación económica” aceptaban “las mismas condiciones de la contratación original para continuar con la prestación” por lo que concluyó que al ser contrataciones nuevas por 90 días o hasta adjudicar la licitación “se debió mantener el mismo nivel de prestación contratado originalmente”.
Es esa línea, evidenció que no surgió de los certificados abonados “ni cuándo ni cómo fue incorporado más personal y nuevos equipos para cumplir con el servicio”. A raíz de el contador del Emsur dejó “observadas” -para quedar exento de responsabilidad – las órdenes de pago aunque el gobierno municipal decidió avanzar de todas maneras.
Como parte de las irregularidades, además, el Tribunal de Cuentas señaló que en la documentación aportada por los funcionarios del ente municipal “no existen elementos que den cuenta que las contrataciones realizadas a las firmas Ashira (Resolución N° 255/2022 por un importe mensual de $38.154.101,45 mensuales) y Ciageser (Resolución N° 254/2022 por la suma de $24.034 897,21 mensuales) hayan sido al valor de plaza más conveniente a los intereses del ente”.
Y que tampoco se brindaron explicaciones “que justificaran el atraso en la tramitación de las respectivas licitaciones públicas, lo que derivó en sucesivas prorrogas en la contratación de los servicios no estipuladas”.
“La ausencia de explicaciones que justificaran el atraso en la tramitación de las respectivas licitaciones, lo que derivó en sucesivas prórrogas en la contratación de los servicios, y la falta de aporte de los antecedentes e informes del área técnica que permitieran verificar que las contrataciones realizadas a las firmas Ashira S.A. y Ciageser SA se llevaron a cabo al valor de plaza más conveniente a los intereses del ente configuran incumplimientos de los que resultan pasibles de sanción el presidente del ente, Sebastián D’andrea, y el director de Gestión de Residuos, Fernando Moris“, concluyó el organismo.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas reparó en irregularidades en torno a una contratación de “trituración y compostaje de residuos verdes” realizada a Ashira entre el 6 de octubre y el 15 de noviembre de 2022 por $7.272.886 por mes ya que señaló que por los montos debió haberse llamado a una licitación y que no se presentó ningún contrato en el que se detallaran las “unidades de medida, cantidades y valores unitarios, y se establezcan los derechos y obligaciones que vinculan a las partes, tales como la presentación se seguros, domicilios legales, garantías y cantidad de personas involucradas en la prestación del servicio”.
EL PLIEGO, LA LICITACIÓN Y LA ADJUDICACIÓN
El millonario negocio que implica la operación y el mantenimiento del predio de disposición final de la basura de Mar del Plata quedó en manos de dos de las tres empresas que la llevaban adelante desde 2021: Ciageser y Esur resultaron, en octubre del año pasado, las adjudicatarias de la licitación con un monto original de $167 millones -que fue actualizado a $276.118.625,21 en diciembre– y el plazo de vigencia del contrato es de cuatro años, con posibilidad de prorrogarlo otros dos.
El proceso licitatorio se había retomado después de que en abril la Justicia levantara una medida cautelar que había frenado su desarrollo en medio de denuncias de “direccionamiento” del pliego de bases y condiciones.
Desde el punto de vista formal la oferta de Ciageser y Esur como una Unión Transitoria de Empresas (UTE) se impuso a la propuesta de Transportes 9 de Julio, firma que actualmente tiene a cargo el servicio de recolección e higiene urbana de Mar del Plata. Ciageser, por su parte, es una de las firmas que también lleva adelante la recolección de “residuos voluminosos” de grandes generadores como comercios.
La firma había sido apuntada directamente en el Concejo Deliberante por el edil Alejandro Carrancio -ex oficialista y después integrante de La Libertad Avanza-, quien durante la discusión del pliego elevado por el gobierno municipal acusó que la redacción del expediente estaba “direccionada” para que se impusiera en el proceso. Esa fue una de las causas que motivó la judicialización del pliego por parte de otro grupo empresario interesado (Estrans SA): en diciembre de 2022 el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 había frenado el desarrollo del proceso a través de una medida cautelar que, de todas maneras, fue levantada en abril por la Cámara de Apelación.
Pero Ciageser no sólo se quedó con la operatoria del predio sino que también en septiembre de 2023 resultó adjudicataria por un monto de $1.170 millones, de la obra de construcción de un primer sector del módulo 2 que requiere el predio de disposición final de los residuos para la ampliación del relleno sanitario ante el límite de su capacidad.
De acuerdo al pliego, el sector A a construir del nuevo módulo 2 (se proyectan otros cinco sectores a futuro) contará con 3.7 hectáreas y el plazo para el desarrollo de la obra fijado fue de 150 días corridos desde la firma del acta de inicio de los trabajos. Este nuevo módulo, destinado para la descarga y el tratamiento de los residuos que no son recuperados, se espera que tenga una vida útil de diez años.
