Ante la falta de alternativas, trabajadoras sexuales anuncian que volverán a Luro
A un año de vigencia de la ordenanza que regula la prostitución, un sector afirmó que “el gobierno no ha ofrecido ninguna respuesta” a su pedido de habilitar nuevas zonas.
Ante la falta de alternativas ofrecidas por el gobierno municipal luego de limitar la “zona roja” exclusivamente al área del cementerio para quienes deciden ejercer la prostitución, trabajadoras sexuales de Mar del Plata nucleadas en la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual (RRTS) anunciaron que volverán a la avenida Luro. “Volveremos en paz, sin enfrentamiento con los vecinos y sin -esperemos- represión policial”, afirmaron.
A un año de la implementación de la ordenanza N°25.590 que regula el ejercicio del trabajo sexual en Mar del Plata al definir y limitar la posibilidad de ejercerlo solo en la zona de 10 de Febrero entre Cacique Chuyantuya y Juan Cutay (detrás del cementerio) y que además estableció multas y sanciones para quienes incumplan, un grupo de trabajadoras sexuales anunció que volverá a ubicarse sobre la avenida Luro y convocó a una conferencia de prensa para este viernes.
Días atrás, el gobierno de Guillermo Montenegro indicó que en estos doce meses se labraron 1.914 infracciones a la norma, se recibieron 30 denuncias y fueron aprehendidas 61 personas. El balance llegó luego de que el intendente se reuniera con vecinos y vecinas de los barrios Los Andes y Don Bosco, una de las zonas donde habitualmente se ejercía la prostitución hasta la vigencia de la norma.
Pero además, desde el gobierno también destacaron su política de haber instalado un “Distrito Tecnológico” que consistió, básicamente, en otorgar facilidades a empresas de software e información para que se instalen en el sector comprendido por las calles San Martín, Guido, Tres de Febrero y Chile.
Sin embargo, a lo largo del primer año de vigencia de la norma, el colectivo de trabajadoras sexuales denunció y sigue denunciando situaciones de discriminación, xenofobia, persecución policial y detenciones arbitrarias. Y, como parte de esa realidad -sin derechos laborales e históricamente vulnerabilizadas-, un informe de la Universidad Nacional de Mar del Plata advirtió en los últimos meses sobre un aumento del empeoramiento de sus condiciones de trabajo.
El informe señalaba, por ejemplo, que las trabajadoras sexuales comenzaron a aceptar clientes o prácticas que consideran “más riesgosas” y que la delimitación de la “zona roja” produjo, entre otras consecuencias, el “ganar menos” y “tener menos clientes”. Además, entre las trabajadoras encuestadas, 8 de cada 10 aseguró tener dificultades para pagar el alquiler y comprar alimentos.
Bajo esa realidad y ante la “falta de respuestas” que acusaron del gobierno municipal en torno a alternativas para la habilitación de nuevas zonas, las trabajadoras nucleadas en la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual afirmaron que en una asamblea resolvieron volver a la avenida Luro “sin enfrentamiento con los vecinos”: “Solo queremos llevar dinero a nuestras casas. El Ejecutivo municipal se olvidó completo que somos sostén de hogar, que tenemos hijes y familias a cargo”.
Como parte de su postura, acusaron a Montenegro de afirmar llevar la “paz y tranquilidad a las y los vecinos” mientras que ellas son vistas como “la otredad”. “Nosotras somos madres, hijas y vecinas. Vivimos en barrios y también tenemos derechos”, denunciaron.
“No se puede hablar de una ‘solución histórica’ para los vecinos a quienes ahora premian con un polo tecnológico, cuando las personas travesti y trans somos una población que no supera los 35 años de vida y las pocas que lo logran, hoy se vuelven cada día más pobres. No podemos hablar de ‘avance y progreso’ cuando se trata de una ordenanza que criminaliza“, cerraron.
En el laberinto judicial de quienes buscan frenar la norma al considerarla inconstitucional, la última de las novedades, cabe recordar, fue que la Fiscalía General federal de Mar del Plata respaldó nuevamente la causa impulsada por el Comité de Lucha contra la Trata de Personas al pedir que se revoque el segundo rechazo del amparo que impulsa el organismo dependiente del gobierno nacional. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata es quien ahora debe decidir si confirma o revoca el rechazo al amparo dictado en abril.
