Una asamblea de usuarios de Costa Azul exige soluciones a la Provincia
Reclaman que se retrotraiga el aumento tarifario ilegal y que se discutan las condiciones del servicio y las frecuencias. Piden que el gobierno municipal intervenga.
Las deficiencias en el servicio de colectivos Costa Azul que une Mar del Plata con ciudades vecinas sumado al aumento del boleto ilegal aplicado por la empresa llevó a que un grupo de personas usuarias de Miramar se reuniera en asamblea: desde allí exigen soluciones al gobierno provincial, como que se retrotraigan efectivamente los incrementos instrumentados en diciembre: “La situación actual constituye una confiscación de los ingresos de quienes dependen del servicio para asistir a su trabajo cotidianamente”, acusaron.
Es que la empresa -que une Mar del Plata con localidades como Miramar, Otamendi o Santa Clara del Mar- aplicó un primer aumento de sus tarifas el 8 de diciembre y dos semanas después, el 24 de diciembre, volvió a subirlas: así, el viaje de Mar del Plata a Miramar subió más de un 200% y pasó de costar $800 a $2.500 en cuestión de semanas.
Desde entonces, más allá de algunas declaraciones del ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y de una baja de $500 sólo en el tramo que une Mar del Plata y Miramar (pero no así en sus paradas intermedias) la situación está lejos de solucionarse.
Ese contexto generó fuerte malestar y por eso un grupo de vecinos de la localidad de Miramar que utilizan los servicios para ir al centro marplatense decidieron organizarse y alzar su voz para que el gobierno de Axel Kicillof, que debería regular los servicios bajo su jurisdicción, tome cartas en el asunto y que los gobiernos municipales como los de Guillermo Montenegro o Sebastián Ianantuoni (General Alvarado), además, realicen gestiones.
Desde la asamblea conformada por vecinos y vecinas expusieron en un comunicado la necesidad de que se “resuelva la situación crítica” que generaron -aseguran- los fuertes incrementos del boleto aplicados por la empresa Costa Azul en diciembre.
Puntualmente, afirman que consideran que como mínimo se debería dejar sin efecto -tal como sucedió en 2020– el último de los incrementos, y que el boleto más caro entre las dos localidades quede en $1.500, y que se implemente el sistema SUBE para que se apliquen debidamente los beneficios de tarifa social.
El servicio, remarcan desde la asamblea miramarense en un comunicado, “es esencial para trabajadores, estudiantes, docentes, pacientes y cualquiera que precise movilizarse por esta vía” y que su costo actual “constituye una confiscación de los ingresos de quienes dependen del servicio para asistir a su trabajo cotidianamente”.
En ese sentido, si bien remarcaron que la responsabilidad “primordial” es provincial, remarcaron la necesidad de que “las autoridades municipales intervengan activamente para acelerar el reclamo”.
En cuanto a las condiciones del servicio, señalaron que representan “una barrera para personas con capacidades motrices reducidas” y que es “oportuno” discutir también las frecuencias de la empresa: “Los micros no paran en las garitas debido a que no tiene espacio para más pasajeros, que viajan más hacinados que el ganado”, relataron.
Por último, advirtieron que el agravamiento de las condiciones del servicio de transporte generó la organización de vecinos en otras localidades como Chapadmalal o Santa Clara del Mar y que no descartar “coordinar” acciones en conjunto “hasta que se resuelva la situación”.
