A 40 años del asesinato de Ana María Martínez: “No podemos seguir esperando”
La comisión de familiares volvió a cuestionar la falta de avances en la investigación contra el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello.
Al cumplirse 40 años del secuestro y asesinato de Ana María Martínez en manos de la dictadura cívico militar en Villa de Mayo, donde se había instalado tras su partida de Mar del Plata, familiares y allegados nucleados en una comisión que lucha hace años para que el crimen no quede impune se expresaron a través de una carta en la que valoraron haber logrado en 2018 la condena de dos represores y reclamaron que vuelva a investigarse la participación del actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello. “No podemos seguir esperando”, expusieron.
Ana María Martínez nació en Mar del Plata, ciudad que debió abandonar en 1976 en el inicio de la dictadura cívico miliar luego de un allanamiento en su casa y a partir del secuestro y asesinato de varios de sus compañeros. Era militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y siguió su actividad en el Gran Buenos Aires, donde trabajó como obrera en varias fábricas de la zona norte.
En la noche del 4 de febrero de 1982, sobre el final de la dictadura, fue secuestrada en la esquina de su casa en Villa de Mayo. Su cuerpo apareció algunos días después en el Canal Villanueva, en Tigre, torturado y acribillado. Tenía 32 años y estaba embarazada de dos meses.
“Organismos de derechos humanos, abogados, dirigentes y partidos políticos, repudiaron el asesinato y hasta la prensa se hizo eco de su caso, aunque algunos medios empresarios buscaban presentarlo como un ‘crimen pasional’ (como se llamaba a los femicidios) o producto de alguna interna por dinero entre ‘subversivos’. La dictadura militar empezaba a perder fuerza en ese momento, y era enfrentada por acciones de masas como huelgas y movilizaciones”, recordaron desde la Comisión de Familiares, Amigxs y Compañerxs de Ana María Martínez al cumplirse este sábado 40 años del crimen.
También rememoraron la lucha emprendida desde 2012 para que su asesinato no quede impune: “A instancias de su cuñada Carmen Metróvich, fallecida el 26 de agosto pasado, fundamos esta comisión para luchar por justicia y contra el olvido que impusieron largos años de impunidad. Así fuimos desplegando distintas iniciativas, tomando contacto con ex compañerxs, buscando testimonios y pruebas, organizando acciones e iniciativas para hacer público el reclamo de justicia”, relataron.
El 6 de diciembre de 2018 dos represores fueron condenados a prisión perpetua por la Justicia Federal de San Martín: Norberto Apa y Pascual Muñoz, del Estado Mayor de Campo de Mayo, al ser considerados responsables de su secuestro y asesinato. No obstante, para la comisión, se trata de una “larga lucha que aún no terminó” al sostener que “los autores materiales, la banda policial que actuaba por orden de los generales, aún no ha sido juzgada”.
Y así volvieron a apuntar contra el actual fiscal general de Mar del Plata. “Entre los integrantes de esa banda tenebrosa se encontraba Fabián Fernández Garello, protegido por el Poder Judicial y el poder político, que han impedido que sea procesado (Cámara de Casación Penal) y separado del cargo por el Jury de Enjuiciamiento, pese a todas las pruebas aportadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) a la Justicia”, afirmaron.
Cuando en noviembre de 2016 la CPM presentó una primera denuncia ante la Justicia de San Martín contra Fernández Garello por delitos de lesa humanidad lo hizo en base a la acusación de haber participado en el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez y en el secuestro y tortura de tres militantes comunistas al detallar que entre 1978 y 1982 el actual fiscal general oficiaba como subinspector de la delegación de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) desde donde, de acuerdo a la acusación, “desarrolló acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos”.
Por entonces, cuando se conoció esa primera denuncia, Fernández Garello negó haber tenido participación en los delitos y particularmente puntualizó en el caso de Ana María Martínez al afirmar que al momento de ocurrido el crimen ya no prestaba servicios en la Dippba sino en la Dirección General de Asuntos Judiciales con asiento en la Comisaría de Haedo.
Sin embargo, desde la CPM ratificaron la acusación por su participación en el espionaje previo a que se cometa el crimen contra la militante. “Es cierto que él después pasa a prestar funciones en Haedo. Pero todo lo que lleva al asesinato de Ana María Martínez es el trabajo de inteligencia previa. Ese crimen no se podría haber cometido sin el trabajo de inteligencia previa”, apuntaron.
Con el paso de los meses, la denuncia avanzó en su investigación a cargo del Juzgado Federal Nº2 de San Martín pero no por el caso de Ana María Martínez y sí en cambio por los secuestros y torturas de los militantes del Partido Comunista Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Ramón Duarte y José Rolando Seitor ocurridos en 1981. Fernández Garello llegó a ser procesado e incluso la causa fue elevada a juicio, pero en septiembre de 2020 la Cámara Federal de Casación resolvió anular el procesamiento y todas las actuaciones posteriores. La CPM decidió apelar esa decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Han pasado 40 años y no podemos seguir esperando. Los genocidas obtienen beneficios de los jueces todo el tiempo, mientras las víctimas se mueren sin poder conseguir justicia para sus familiares, amigxs y compañerxs. Rendimos homenaje a Ana María Martínez y reivindicamos su lucha y militancia, como la de los 30 mil, por un mundo diferente, sin explotación ni opresión, por el cual lucharon y dieron la vida”, expresaron desde la comisión y concluyeron: “Hoy, cuando el capitalismo sólo ofrece más barbarie, destrucción de la naturaleza y lxs seres humanos, el ejemplo que nos dejaron debe ser valorado y apropiado por las nuevas generaciones”.
Por su parte, la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, se expresó ante el aniversario y en sus redes sociales y recordó que “Ana María fue la última de los cien militantes asesinadxs y desaparecidxs del PST, 16 de ellos por las bandas de la Triple A”.
“La comisión que lucha por justicia por Ana María viene denunciando desde hace años el rol de Fabián Fernández Garello, fiscal general de la ciudad de Mar del Plata desde hace más de 20 años, y quien en ese entonces como oficial de inteligencia de la Policía Bonaerense realizó operaciones conjuntas con el Ejército en la zona norte del Conurbano, entre ellas, la que llevó al secuestro, tortura y asesinato de Ana María. Desde entonces estuvo protegido por el poder judicial y el poder político”, acusó la legisladora y planteó que “la apertura de todos los archivos de la dictadura es indispensable para que se sepa qué pasó con cada víctima y quiénes fueron los responsables”.
