RePUPA: a casi ocho años de la sanción, exigen avances en su reglamentación
Desde la oposición reclaman al gobierno la puesta en marcha del Registro de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias en Mar del Plata.
A ocho años de que tras un intenso tratamiento y debate se aprobara en Mar del Plata la ordenanza que estableció la creación de un Registro de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (RePUPA) y la asistencia y capacitación para las y los pequeños elaboradores de alimentos, la norma aún no fue reglamentada por el Ejecutivo municipal y desde la oposición renovaron el reclamo de avances a través de un nuevo pedido de informes elevado al Concejo Deliberante.
A través del expediente, desde el bloque del Frente de Todos (FdT) buscan solicitar al gobierno municipal informes en torno al avance de la reglamentación de la norma que en 2015 estableció la creación del RePUPA destinado a pequeños productores artesanales de alimentos en Mar del Plata.
En detalle, la normativa está destinada a las unidades “mínimas” productivas que se dedican a la elaboración y posterior comercialización de productos alimenticios, es decir, productos elaborados por los pequeños productores de la economía popular o economía social y solidaria. Y, entre sus requisitos, establece estar inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, contar con el carnet de manipulador de alimentos y la libreta sanitaria vigente.
Al tomar en cuenta los datos del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep) que muestran entre julio de 2020 y febrero de 2022 un total a nivel nacional de 3.225.268 personas inscriptas (aproximadamente el 10% de la población argentina), el expediente reparó en el crecimiento del sector económico y su reflejo a nivel local.
En ese sentido, sostuvieron que la economía popular “deviene de un proceso donde las personas, generalmente expulsadas del sistema formal, administran los recursos al alcance para generarse un trabajo digno que les permita garantizar ingresos para las familias”.
“La ciudad de Mar del Plata, debido a su dinámica productiva y laboral y su histórica problemática en torno a los índices de desempleo que en reiteradas oportunidades ha trepado a los dos dígitos, es una de esas localidades donde mayor representación y consolidación alcanza el sector de la economía popular”, remarca el proyecto.
Por ello, el expediente ingresado no solo solicita avances en la reglamentación de la normativa, sino también informes al Ejecutivo respecto a “los motivos por los cuales no se ha puesto en vigencia”. Además, busca conocer cuál es la articulación del Municipio con la Provincia de Buenos Aires a partir de la resolución que creó a nivel provincial un registro de las pequeñas unidades productivas (en la cual se intentan amparar los productores marplatenses, según señala el documento).
“Varias unidades productivas de nuestra ciudad han intentado avanzar en la regularización de sus espacios de elaboración a través de la norma provincial. Sin embargo, se han encontrado con dificultades precisamente por la falta de reglamentación local“, sostiene el proyecto firmado por la concejala Sol de la Torre.
Finalmente, el expediente considera que la falta de reglamentación de la normativa “consolida una injusta posición de vulnerabilidad en la cadena de valor de un sector (popular) con fuerte presencia en la ciudad que pretende generar las condiciones para garantizar fuentes de trabajo sostenidas y alimentos certificados bromatológicamente”.
Y, como consecuencia de esa falta de reglamentación, afirmaron, muchas y muchos de los pequeños productores pierden la posibilidad de acceder a programas públicos de asistencia técnica, de financiamiento y mejoras edilicias. “La intervención estratégica del Estado municipal es determinada: con políticas públicas el Ejecutivo tiene las herramientas para reconocer el sector y adoptar medidas que permitan renovar esta posición de vulnerabilidad”, concluye.
