Marcha antes del desalojo de la toma: “Para Montenegro ser pobre es ser delincuente”
Las familias se movilizaron a la Municipalidad y ratificaron que no se irán de los terrenos de Las Heras. “Si viene violencia será de parte de ellos”, lamentaron.
Con fuertes críticas contra el gobierno de Guillermo Montenegro, las familias que mantienen hace diez la toma de terrenos municipales en el barrio Las Heras en reclamo de poder acceder a una vivienda digna ante una realidad social urgente se movilizaron este miércoles en el centro de Mar del Plata con el apoyo de organizaciones sociales antes de la concreción del desalojo impulsado por las autoridades y que fue programado por el Poder Judicial para este jueves a la mañana. “El miedo está porque nosotros no queremos violencia, vamos a estar pacíficamente, si viene violencia será de parte de ellos”, advirtieron.
Tal como estaba previsto, este miércoles -a menos de 24 horas de que se ejecute la orden judicial de desalojar con la intervención policial a las alrededor de 30 familias que permanecen en los terrenos de Fortunato de la Plaza y Rufino Inda- integrantes de la ocupación con el apoyo de organizaciones sociales se manifestaron en el centro de Mar del Plata contra la medida y contra la postura del intendente Montenegro: se concentraron en la Plaza Rocha y desde allí marcharon hasta la Municipalidad.
Las principales críticas de las familias se centraron en el intendente Montenegro que el primer día de toma las calificó como “delincuentes”, descartó cualquier tipo de asistencia social y contacto para entablar una negociación y conocer sus necesidades e impulsó por vía judicial un desalojo que, tras acudir a la Cámara de Apelación y Garantías, quedó programado para este jueves entre las 8 y las 10 de la mañana.
“Montenegro está sentado en su cargo gracias a nosotros también que somos vecinos de Mar del Plata, que fuimos los que pusimos el voto”, apuntó Carolina, una de las vecinas que forma parte de la toma, y completó: “Cuando quieren el voto van a todos los barrios periféricos, a todas las personas a buscarnos, pero cuando pasan estas cosas se esconden detrás de los vidrios, de las puertas, porque somos pobres“.
En ese sentido, la mujer expresó que “para el señor intendente ser pobre es ser delincuente, y no son así las cosas”.
La protesta de las familias y organizaciones sociales que se sumaron para apoyarlas en su reclamo exigió la conformación de una mesa de diálogo negada desde el primer día por el gobierno para evitar el desalojo con intervención de la Policía Bonaerense.
“Si nosotros no nos vamos nos dijeron que nos reprimen y nosotros no nos vamos a ir”, ratificó Carolina en relación a lo resuelto por las familias y explicó que este martes se presentaron el comisario y el jefe de calle de la comisaría decimosexta para notificarlos de la medida judicial dispuesta por el juez Sául Errandonea como respuesta a la orden emitida por los integrantes de la sala III de la Cámara de Apelación Pablo Pogetto y Raúl Paolini aunque se negaron a asentar sus firmas.
“El miedo está porque nosotros no queremos violencia, no queremos llegar a eso, vamos a estar pacíficamente pero vamos a estar en el lugar, si viene violencia será de parte de ellos”, lamentó Carolina y explicó que en estos días tampoco tuvieron contacto con autoridades provinciales o nacionales que pudieran intervenir ante el conflicto.
En ese sentido, las familias señalaron que la única intervención de la Secretaría de Desarrollo Social que conduce Vilma Baragiola fue acudir con la Policía para realizar un “censo” pedido por el juez -que detectó la presencia de 55 grupos familiares con entre 70 y 80 personas mayores-: “El censo fue pedido por el juez para ver la cantidad exacta de familias, que lo hizo Desarrollo Social pero nunca nos preguntaron qué necesidad teníamos”.
La movilización en el centro de la ciudad se llevó adelante después de que este lunes el titular del Juzgado de Garantías N°2 dispusiera -tras la resolución de la Cámara de Apelación- que el desalojo se lleve a cabo este jueves entre las 8 y las 10 de mañana. Y esa decisión de los camaristas se dio luego de la apelación que presentó el intendente, el fiscal Juan Pablo Lódola y el fiscal general Fabián Fernández Garello.
