A una década del femicidio de Laura Iglesias, con deudas del Estado que se mantienen
Bajo una retención de tareas, trabajadoras del Patronato de Liberados siguen reclamando mejores condiciones para garantizar derechos en un contexto de precarización y vulnerabilidad.
“El Estado no nos está cuidando”, afirman las trabajadoras del Patronato de Liberados Bonaerense (PLB) de Mar del Plata al cumplirse diez años del femicidio de Laura Iglesias, en una fecha tan dolorosa como importante para seguir reclamando mejores condiciones laborales y políticas públicas que no solo permitan garantizar los derechos del colectivo con el que trabajan, sino que apunten también a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género que, aseguran, continúa sufriendo el sector. Cómo es el trabajo en el área, atravesada por deudas que se sostienen y que están expresadas, por ejemplo, en las retenciones de tareas que realizan en búsqueda de más inversión estatal.
El 29 de mayo de 2013, Laura Iglesias, trabajadora social del Patronato de Liberados Delegación Miramar, fue violada y asesinada por Esteban Cuello —condenado a prisión perpetua en 2015— mientras realizaba tareas de campo. El crimen se convirtió en una muestra cabal de las condiciones de trabajo del sector que, a pesar de los reclamos por años, se mantiene e incluso ha “empeorado”, según sostienen quienes allí trabajan.
Entre sus funciones, las y los trabajadores del Patronato de Liberados —un espacio, además, feminizado— acompañan y buscan restablecer derechos de aquellas personas que atravesaron conflictos con la ley penal desde un enfoque multicausal —y no bajo una perspectiva punitivista— para la reinserción social. Más allá de tratarse de una tarea que requiere de un abordaje interdisciplinario, los derechos en juego en el Patronato encuentran su limitante en el día a día ante la falta de herramientas, la falta de profesionales e incluso de un edificio propio. En síntesis, todo eso que reclaman desde hace años las y los trabajadores: mayor acompañamiento del Estado.
Gabriela es una de las trabajadoras del Patronato de Liberados que en Mar del Plata y la zona se encuadra en la región 5 —en total, en la Provincia de Buenos Aires el Patronato abarca 10 direcciones regionales—. En la región 5 puntualmente, funcionan dos delegaciones y, a su vez, hay dos subdirecciones territoriales (9 y 10). Lo primero que cuenta Gabriela a Qué digital al respecto tiene que ver con la falta de un espacio propio para una de esas delegaciones, luego de que venciera el alquiler.
“No se ha encontrado otro lugar y estamos funcionando en el noveno piso del Banco Provincia (donde se ubica una de las delegaciones). Esto hizo que tuviéramos que modificar toda la dinámica laboral“, relató en primera medida.
Más allá de esa falta de espacio propio con todo lo puede implicar para el acompañamiento —por ejemplo al limitar la posibilidad de realizar talleres—, uno de los principales puntos de conflicto que atraviesa a quienes trabajan en el PLB está ligado históricamente a la sobrecarga laboral que padecen ante la falta de contrataciones de profesionales de distintas áreas, salarios insuficientes y una demanda que supera la capacidad de abordaje por cada uno de los trabajadores y trabajadoras.
Es que aunque reconocen haber estado “cerca” de lo que se establece a partir de la Ley 12.256 de ejecución penal que determina que cada trabajador o trabajadora social puede tener hasta 30 supervisados a cargo, aseguran que en el último tiempo han tenido que “desasignarse” personas al “superar ampliamente ese número”.
En consecuencia, Gabriela explica que “ha habido muchísimas licencias y renuncias de compañeras que se fueron a trabajar a otro lado porque, además, el sueldo es bajísimo y no es acorde a la tarea” a lo que se suma, como otra de las problemáticas vinculadas, el acuerdo de un régimen laboral de 40 horas semanales que impacta negativamente, sobre todo, en los nuevos ingresos.
“Esa modificación fue hecha para ‘mejorar el salario’ pero no mejoró nada. Uno trabaja más horas y sigue siendo desastroso. Si bien era ‘voluntario’, las que ingresaron nuevas entraron obligatoriamente en el régimen de 40 horas (y eso) hizo que las que tuvieran un cargo en educación, por ejemplo, tuvieran que dejarlo“, graficó.
Es muy difícil trabajar así. El Estado no nos está cuidando. El cuidado aparece a través de la organización de los compañeros y compañeras cuando la realidad debería ser diferente
Pero además de la falta de un espacio propio y de condiciones laborales de base que encarecen el trabajo, para las y los trabajadores del Patronato de Liberados se hace evidente la necesidad de contar con un enfoque integral que requiere, en todo caso, de contrataciones de profesionales de distintas áreas.
“No contamos con herramientas ni con un equipo interdisciplinario. Son pocas las delegaciones que tienen. Nosotros tenemos una psicóloga pero no un abogado. Cuando uno empieza trabajar con cuestiones tan complejas como acompañar a personas que tuvieron conflicto con la ley, es importante una mirada integral. Acá no se puede dar. Uno termina haciéndolo con acuerdos con compañeros, pidiendo auxilio a otras instituciones que también están en la misma situación”, sostuvo la trabajadora.
Y retomó, nuevamente, uno de los puntos centrales: que la mirada a nivel social, pero también estatal a través de sus (no) políticas, continúa enfocada en relación al delito y no, por el contrario, en el cuidado o en garantizar seguridad social integral para que así las personas liberadas comiencen a acceder a derechos.
Justamente, que el Estado no mire a ese sector, además, no responde solo a un simple error o recorte presupuestario, sino también a una posible decisión política de no priorizarlo al tratarse de un colectivo que electoralmente no solo no suma votos sino que, sobre todo en un contexto de avance de posiciones más conservadoras, los “espanta”, en palabras de Augusto Infante especialista e integrante del área Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria.
RETENCIÓN DE TAREAS Y RECLAMO
En lo micro, pero no por eso menos importante, aparecen otras dificultades en el cotidiano en, por ejemplo, lo que hace al sistema de carga de datos: “Tenemos un sistema electrónico, un legajo, que a veces como no funciona la internet porque está instalada para menos uso, de repente ingresamos quince personas más y no funciona adecuadamente porque no hicieron las mejoras“.
Esa fue la gota que rebasó el vaso y que impulsó a las trabajadoras, aseguró Gabriela, a iniciar un plan de lucha bajo una retención de tareas. Si bien el horario de la delegación es de 8 a 14, las trabajadoras no utilizan el sistema electrónico de 12 a 14 como medida de fuerza porque, aseguran, además de ser el sistema en donde se registran todas las intervenciones que realizan con personas liberadas, también es un mecanismo de control para el propio organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
De esa manera y en el marco de los diez años del femicidio de Laura Iglesias, fue que las trabajadoras y trabajadores del sector convocaron a una jornada para este lunes a las 10 en el centro de Mar del Plata (en la delegación principal de la región 5 en San Martín y Córdoba) no solo para recordar a Laura y seguir exigiendo verdad y justicia en un nuevo aniversario, sino también para reclamar mejoras en las condiciones laborales “tal como lo estableció el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 que dijo que el femicidio de Laura se ha considerado ‘un momento’ para diseñar políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.
“Eso no se está cumpliendo“, sostiene Gabriela en representación de la voz del resto de sus compañeras quienes, año tras año, vuelven sobre ese fallo judicial a partir del crimen de Laura Iglesias bajo una consigna de reclamo clara y concisa dirigida al Estado: “Tu ahorro es nuestra muerte”.
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Otro de los puntos de reclamo del sector tiene que ver con crear un protocolo de seguridad, ya que si bien cuentan con personal para ello, generalmente se trata de penitenciarios: “(Eso) pone en vulneración los derechos de las personas que asistimos. Muchas de las personas que vienen acá egresan de los penales, entonces encontrarse en el Patronato con alguien vinculado al sistema penitenciario implica una barrera en la posibilidad de nuestro acceso. Nosotros queremos que el Patronato sea un espacio donde se pueda asistir, restituir derechos“.
Por último, además de la necesidad de conformar equipos integrales para el abordaje, desde el Patronato también resaltan la necesidad de mayores partidas presupuestarias para la capacitación de las y los profesionales para ejercer un trabajo que no solo lo hacen en contextos de precarización y sobrecarga sino de vulnerabilidad y “mucha violencia”.
“Se incorporaron compañeras para trabajar en el área de salud y se han dado distintas situaciones porque no se les dio la capacitación suficiente. No hay acompañamiento para que puedan hacer su tarea”, afirmó Gabriela. Y cerró: “El trabajo en el Patronato requiere una preparación porque trabajamos con una población tan vulnerada, atravesada por muchísima violencia, que si nosotros no estamos capacitados para trabajar reproducimos sistemas de violencia y recibimos más violencia“.
