Freno a las petroleras: Capitanes de Pesca exige “datos sólidos y confiables”
Si bien están a favor y cuestionaron el freno judicial, pidieron el “mejoramiento de la información brindada” por parte del gobierno nacional.
Luego de la resolución judicial que hizo lugar a una medida cautelar y suspendió la exploración sísmica previa a la instalación de petroleras frente a la costa de Mar del Plata, se reactivó el debate público y las posturas en contra y a favor, y entre las últimas se encuentra la de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, quienes de todos modos reconocen que hacen falta “datos sólidos y confiables”.
Este viernes, el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata falló en torno a los cuatro recursos de amparo presentados por distintos actores -ambientalistas, la Casa del Trabajador, Greenpeace y el intendente Guillermo Montenegro- y resolvió hacer lugar a una medida cautelar que suspendió las tareas adjudicadas a la empresa noruega Equinor.
Un fallo que, argumentado en el acceso a la información, “falencias” en el estudio de impacto ambiental y falta de “consulta” a la Municipalidad, será apelado por el gobierno nacional, según adelantaron en las últimas horas.
Al respecto, a pesar de los cuestionamientos que habían realizado desde otros sectores de la industria, Capitanes de Pesca ya se había manifestado a favor de la expansión e instalación de petroleras frente a Mar del Plata, y en las últimas horas ratificaron su postura pero reiterando una grave falencia del gobierno nacional que decantó en el revés judicial: la falta de información y comunicación al respecto.
En sintonía con sectores de la industria naval, Capitanes de Pesca asegura que la expansión “generará empleo de mano de obra en forma intensiva” y la calificó la instalación de petroleras en el mar bonaerense como “la posibilidad de lograr la auto sustentabilidad en materia petrolífera”.
No obstante, volvieron a remarcar la que identifican como la principal falencia del gobierno: “Exigimos el mejoramiento de la información brindada, contar con datos sólidos y confiables, que entendemos necesarios para alcanzar las garantías de desarrollo sostenible de la exploración sísmica en cuestión, actividad a la que nos encontramos abocados en permanente diálogo con las autoridades”.
En ese sentido, en torno a la suspensión judicial, sostuvieron que “no es el camino adecuado” para el desarrollo de la exploración hidrocarburífera “en condiciones de seguridad medioambiental”, y llamaron a que la cuestión sea resuelta en ámbitos gubernamentales “competentes”.
“MAR DEL PLATA NO PUEDE PRETENDER SENTIRSE DUEÑA DE DECIDIR”
El Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) volvió a cargar contra las expresiones en contra del proyecto y puntualmente contra el gobierno local. Es que, para la entidad, el fallo “abona la sospecha de imprevisión y falta de controles en el otorgamiento de permisos” y acusaron que se trata de una demostración de “preocupante desconocimiento de los procedimientos por parte de quienes decidieron la prohibición”.
Asimismo, lo consideraron un “injusticia” con la industria y los profesionales que se desempeñan en ella: “El permiso para explorar tres áreas de la Cuenca Argentina Norte siguió puntillosamente cada uno de los pasos que exigen las nuevas regulaciones argentinas, consideradas entre las más estrictas del mundo“, aseguraron.
A la hora de referirse a la postura del Municipio, que acusó falta de consulta, hicieron foco en su no participación en la audiencia pública: “Nadie impidió su participación ni tampoco puede aducir que no estaba enterado“.
“Por otra parte, la ciudad de Mar del Plata no puede pretender sentirse dueña de decidir sobre un recurso que pertenece a todos los argentinos; que, de existir, se encuentra a más de 300 kilómetros de distancia, y en una jurisdicción que no le corresponde“, añadieron en otra parte del comunicado.
Ayer, un amparo judicial ordenó la suspensión de la exploración de recursos hidrocarburíferos en el Mar Argentino. La decisión del Juzgado Federal Nº 2 de MdQ, que será apelada, abona la sospecha de imprevisión y falta de controles en el otorgamiento de permisos. (hilo)
— IAPG (@IAPG_Info) February 12, 2022
