La Cámara de Diputados empezó a tratar la nueva versión de la Ley Bases
La sesión se inició al mediodía de este lunes y se estima que se extenderá hasta este martes. Los alcances del proyecto tras los cambios.
Con una fuerte reducción en su articulado como la eliminación o modificación de dos vinculados directamente a Mar del Plata como los cambios en la Ley de Pesca o en el fondo fiduciario que garantiza los descuentos en la tarifa del gas por la “Zona fría“, la nueva versión de la que supo ser una ley “ómnibus” llamada “Bases y puntos de partida para a libertad de los argentinos” empezó a ser debatida este lunes en la Cámara de Diputados de la Nación en conjunto con un paquete fiscal que, entre varios aspectos, significa el retorno del impacto del Impuesto a las Ganancias en trabajadores.
Después de la dura derrota legislativa que sufrió el gobierno de Javier Milei en febrero cuando su regresiva ley “ómnibus” naufragó en el recinto de la Cámara de Diputados cuando se votaba artículo por artículo en particular, el gobierno retomó la iniciativa de manera acotada aunque no por eso menos regresiva en, por ejemplo, materia de derechos laborales.
El reimpulso con numerosos cambios a la iniciativa implicó una fuerte negociación del gobierno con gobernadores y sectores que se muestran aliados al gobierno como el PRO, un sector de la UCR y Hacemos Coalición Federal, que ahora le hace prever el avance legislativo de la norma tras un tratamiento que, en Diputados, se estima que se extenderá al menos hasta este martes, en la previa del Día del Trabajador y la Trabajadora para cuando la CGT convocó a una marcha en la Ciudad de Buenos Aires, aunque distintas centrales y organizaciones llamaron a movilizarse este mismo lunes frente al Congreso nacional.
Según se definió en el inicio de la sesión, el tratamiento de la Ley Bases se realizará de manera conjunta con el paquete fiscal aunque su votación se realizará por separado mientras que la votación en particular será por capítulo y no por artículo, lo cual fue rechazado por la oposición.
En lo medular, el proyecto de ley mantiene la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año y la delegación de las facultades a Milei en esas áreas, prepara el terreno para que se avance con la privatización de empresas estatales e incorpora diversos puntos para una reforma laboral.
Entre algunas de las varias medidas que ya no aparecen en la ley se encuentran, por ejemplo, un punto que provocó un fuerte alerta en Mar del Plata como los cambios en la Ley de Pesca. También se descartaron diversos aspectos que tendían a restringir y criminizalizar la protesta social, los cambios regresivos que buscaban incorporarse a la figura de la “legítima defensa” en el Código Penal y la declaración de “servicio esencial” de la educación para limitar el derecho a huelga docente.
El dictamen en tratamiento faculta a Milei, en relación con organismos de la administración central o descentralizada a concretar una “modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario” y a la “reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos”, aunque de eso se dejó excluidas a las universidades nacionales además de órganos del Poder Judicial y Legislativo.
Y también, como parte de los acuerdos cerrados, se contempló que en ese marco el gobierno “no podrá disponer la disolución” de una serie de organismos:
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
- Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (Anlis)
- Administración Nacional de Medicamentos,Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)
- Instituto de la Propiedad Industrial (INPI)
- Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa)
- Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)
- Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)
- Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae)
- Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
- Comisión Nacional de Evaluación y AcreditaciónUniversitaria (Coneau)
- Comisión Nacional de Valores (CNV)
- Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai)
- Unidad de Información Financiera (UIF)
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Uno de los artículos que generó durante el debate anterior particular atención en Mar del Plata fue el que refiere al régimen de “Zona Fría” con descuentos de entre el 50% y el 30% en las tarifas del servicio de de gas por red. En ese sentido, el nuevo texto vuelve a autorizar al gobierno a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos” en base a una serie de reglas pero deja específicamente excluido al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la ley N° 25.565.
Uno de los puntos de mayor interés en la ley es el de las privatizaciones. Esta nueva versión declara “sujetas a privatización”, o concesión a algunas, a una decena de empresas públicas, entre las que se quitó del listado original, por ejemplo, al Banco Nación:
PRIVATIZACIÓN:
- Aerolíneas Argentinas SA
- Energía Argentina SA
- Radio y Televisión Argentina SE
- Intercargo SAU
PRIVATIZACIÓN/CONCESIÓN:
- Agua y Saneamientos Argentinos SA
- Correo Oficial de la República Argentina SA
- Belgrano Cargas y Logística SA
- Sociedad Operadora Ferroviaria SE (Sofse)
- Corredores Viales SA
También se contempla que Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) quedarán “sujetas a privatización”.
Entre otros artículos, el nuevo proyecto contempla diversas modificaciones en la ley de Empleo Público Nacional y una reforma laboral regresiva pero acotada en relación a las pretenciones originales incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado a los pocos días de la asunción del gobierno que fueron suspendidas por la Justicia. Entre sus puntos más relevantes, se encuentran:
- Elimina sanciones y multas para empleadores por la informalidad y falta de registración laboral
- Aumenta el período a prueba de tres a entre seis y doce meses para estirar el ingreso pleno a los derechos laborales
- Prevé que mediante los convenios colectivos de trabajo se podrá sustituir el esquema de indemnización previsto por ley -que ante despidos fija el pago del equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado- por un “fondo o sistema de cese laboral”
- Habilita que un empleador que tenga hasta cinco empleados lo haga sin relación laboral sino mediante monotributo como “trabajadores independientes colaboradores”.
El sistema jubilatorio también está incluido en el nuevo proyecto con la derogación de la ley sancionada el año pasado que habilitó una nueva moratoria que permite jubilarse a personas que ya cuentan con la edad para contar con ese beneficio pero que no cumplen con los 30 años de aportes y para aquellas menores de los 60 en caso de mujeres y 65 en el caso de hombres que ya sabían que no podrían alcanzarlos.
Al eliminar la moratoria, crea una “Prestación de Retiro Proporcional” para aquellas personas que hayan alcanzado los 65 años -ya no 60 en el caso de las mujeres- y que no lleguen con los años de aporte. Para ellos dispone un haber mínimo igual a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), fijada por la ley 27.260, que equivale al 80% de la jubilación mínima. Y fija que a modo de sumatoria a ese mínimo el gobierno en la reglamentación establecerá los parámetros objetivos para el acceso a porcentajes que reconozcan “los aportes efectivamente realizados” al Sistema Integrado Previsional Argentino.
PAQUETE FISCAL
En paralelo al tratamiento de la nueva Ley Bases, el gobierno nacional impulsó un paquete de medidas fiscales que implica un retroceso en los cambios en el Impuesto a las Ganancias sancionados en septiembre de 2023 que derivó en la eliminación desde el 1 de enero de 2024 de la cuarta categoría de la ley 20.628 y la creación de un nuevo régimen de impuesto sobre los ingresos a partir de un monto equivalente a 15 salarios mínimos, vital y móvil.
Con los nuevos cambios en torno a la cuarta categoría, según publicó Eldiario.ar, el gobierno busca fijar el mínimo no imponible en $1.800.000 -que representa una remuneración neta o “en mano” de $1.494.000- para trabajadores solteros y $2.200.000 para casados con hijos.
Otro de los puntos relevantes pasa por un nuevo “blanqueo” de capitales denominado “Régimen de Regularización de Activos” que se extenderá hasta el 30 de abril de 2025 con posibilidad de prorrogarlo hasta el 31 de julio de ese año al que no podrán adherir funcionarios públicos y familiares.
El expediente también implica fuertes cambios en el régimen del monotributo con aumentos en los topes de facturación y cuotas de hasta un 300%. Los ingresos brutos anuales de cada categoría se suben de acuerdo al siguiente detalle:
- A: hasta $6.450.000 (ahora es de $2.108.288)
- B: hasta $9.450.000
- C: hasta $13.250.000
- D: hasta $16.450.000
- E: hasta $19.350.000
- F: hasta $24.250.000
- G: hasta $29.000.000
- H: hasta $44.000.000
- I: hasta $49.250.000
- J: hasta $56.400.000
- K: hasta $68.000.000 (ahora es de $16.957.968)
Según publicó ElDiario.ar, entre las novedades aparece una virtual eliminación del monotributo social ya que el pago mínimo mensual pasaría de $3.200 a $26.600. “Estos trabajadores que tienen los ingresos más bajos, empezarán a pagar $26.600 más $13.800 por cada adherente (hijos, por ejemplo), sumado ingresos brutos”, alertó en la previa la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman.
