Milei llamó a un “nuevo pacto fundacional”, pero amenazó con más conflicto
Ante la asamblea legislativa, el presidente convocó a gobernadores y expresidentes, pero supeditó el acuerdo a la previa aprobación de su “Ley Bases”.
Después de un fuerte mensaje antiEstado que incluyó numerosas acusaciones contra organizaciones sociales y de izquierda y contra diversos espacios de la dirigencia política, el presidente de la Nación Javier Milei llamó este viernes, al inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso, a la firma de un “nuevo orden social” bajo el nombre de “Pacto de Mayo”. La convocatoria a gobernadores y expresidentes la dejó supeditada a la previa aprobación de una nueva “Ley Bases” -tras la ya frustrada- y a un “Pacto fiscal”. Pero además, en caso de no avanzar, les advirtió: “Si buscan conflicto, conflicto tendrán”.
En un mensaje de poco más de una hora ante la asamblea legislativa, Milei trazó un diagnóstico de la “herencia recibida”, ratificó su plan de “brutal ajuste” que potencia graves consecuencias sociales y lanzó una convocatoria a los diversos sectores de la política con los que en sus primeros meses de gobierno ha tenido reiterados conflictos, discusiones y acusaciones de todo tipo.
La convocatoria a lo que desde el gobierno definieron como un “nuevo pacto fundacional para la República Argentina” a firmarse el 25 de mayo empezó con Milei haciendo referencia al fracaso de la ley “ómnibus” (“Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”) y a la paralización vía judicial del capítulo laboral de su decretazo dictado a los pocos días de asumir.
Así, apuntó contra los gobernadores a los que acusó de que “sólo les importa garantizarse la caja para poder seguir con la fiesta del gasto público” y contra legisladores que no apoyaron a la hora de la votación puntos claves de la ley como la eliminación de fondos fiduciarios, entre ellos el de la “Zona Fría”. Y realizó una primera advertencia: “Cuando nos encontremos con un obstáculo no vamos a dar marcha atrás, vamos a seguir acelerando”.
También dijo que se está, con respecto a su relación con los gobernadores, ante dos escenarios posibles. El primero, indicó, es el del “conflicto y la confrontación”. Y si bien afirmó “no elegirlo” también dijo “no escaparle”. De esa manera, amenazó: “Si buscan conflicto, conflicto tendrán”.
El otro escenario, mencionó, sería el de la “paz y el acuerdo” para el que indicó no tener “muchas esperanzas”.
Así fue como se adentró en la convocatoria extendida a gobernadores, expresidentes y líderes políticos para que el 25 de mayo se firme en Córdoba lo que llamó un “nuevo orden social” bajo el nombre de “Pacto de Mayo”. Desde el gobierno también lo denominaron “nuevo pacto fundacional para la República Argentina”.
Pero la convocatoria, llegó con reparos: para avanzarse en un preacuerdo con gobernadores antes deberá acordarse y garantizarse la “aprobación de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y un nuevo pacto fiscal”.
Según Milei, ese acuerdo debe tener diez puntos centrales que el gobierno redactó de la siguiente manera:
1. La inviolabilidad de la propiedad privada.
2. El equilibrio fiscal innegociable.
3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
5. La rediscución de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.
6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.
8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.
9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.
10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.
PAQUETE DE “LEYES ANTICASTA” Y CIERRE DE LA AGENCIA TÉLAM
Entre los anuncios realizados por Milei durante su discurso apareció su decisión de “cerrar la agencia Télam“, la histórica agencia de noticias del Estado que provee material informativo federal a los diversos medios del país -las fotos que acompañan esta nota provienen de allí-. La justificación que dio el presidente fue que en los “últimos 20 años fue utilizada como agencia de propaganda kirchnerista”.
Además, anunció el envío al Congreso de lo que denominó como un “paquete de leyes anticasta” que contempla la eliminación de jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes, la obligatoriedad para que sindicatos “elijan autoridades de forma periódica supervisados por la Justicia Electoral, con una sola reelección posible” y la fijación de que “los convenios colectivos específicos primen sobre convenios colectivos” de cada sector.
También adelantó que insistirá con su embestida contra el financiamiento de los partidos políticos, tal como lo contemplaba la ley “ómnibus”, y planteó que se buscará “eliminar su financiamiento público”. Entre otros puntos, enumeró que se establecerá el “descuento de la jornada a los trabajadores estatales que no concurran a trabajar por motivo de paro”, como un ataque más al derecho a huelga, y que se fijará que las personas condenadas por corrupción por fallos de segunda instancia no puedan presentarse como candidatos en elecciones nacionales.
EL MENSAJE ANTIESTADO
Como parte de las diversas definiciones trazadas antes de los anuncios, y después de realizar su diagnóstico de la “herencia recibida”, Milei llegó a afirmar que “el Estado es una asociación criminal” diseñada “para que detrás de cada trámite haya una coima para el político de turno”.
Antes de eso, había afirmado que en el país “durante más de 100 años se insistió con un modelo empobrecedor”, reivindicó la figura del expresidente Carlos Menem y su política económica que derivó en una profunda crisis social y consideró que se está ahora ante el “momento económico más crítico de la historia del país”.
También habló de una “orgía de gasto público” en los últimos 20 años, apuntó contra la “famosa idea del Estado presente” y vertió graves acusaciones una y otra vez contra organizaciones sociales y de izquierda sin mencionar a ninguna : dijo que usaron la “asistencia social como botín de guerra”, afirmó que le “roban la plata a quienes dicen defender” y que generan “caos en su afán de extorsionar a los gobiernos”.
En otro tramo criticó las moratorias previsionales que le dieron un sustento jubilatorio a miles de personas que no pudieron realizar aportes a lo largo de su vida y las calificó como una “afrenta moral contra los que han aportado toda su vida”. En la misma línea, enfatizó en la necesidad de “modificar de manera urgente” la actual fórmula de movilidad ante la constante pérdida contra la inflación de los haberes, tendencia que no revirtió y más bien profundizó su gobierno en los últimos dos meses.
Con respecto a la educación llegó a calificar la creación de universidades como “un negocio más de la política” y hasta mencionó una “proliferación de currículas de izquierda” para después afirmar que “se necesita de más capitalismo y más libertad”.
En torno a la salud, introdujo una falacia al plantear que “si se hubieran hecho las cosas como un país mediocre se hubiera tenido 30 mil muertos y no 130 mil”.
Ese contexto, lo utilizó para sostener que durante la campaña electoral le habló a las y los votantes “con la verdad” en torno a que se aplicaría un “ajuste del gasto público brutal y rápido”, que habría “meses de inflación muy alta” y que la situación sería “dolorosa” además de que se “tardaría en salir del pozo”.
Así defendió sus políticas que hasta el momento no hicieron más que profundizar la desigualdad y destacó el hecho de haber “eliminado la obra pública”, “terminado con los intermediarios de la pobreza” en relación al corte en la entrega de alimentos a comedores y merederos populares que están nucleados en organizaciones sociales y de haber declarado como “servicio esencial a la educación” para afectar el derecho a huelga de las y los docentes.
