¿Quién autoriza?: la licencia social, entre el Estado y el “progreso”
Tras el conflicto por el parque eólico, hasta qué punto las voces de quienes habitan los territorios son tenidas en cuenta por los gobiernos.
La falta de licencia social, es decir, de legitimidad de un proyecto entre quienes habitan el territorio, fue uno de los argumentos con los que el gobierno de la Provincia desestimó la instalación de un parque eólico en Sierra de la Peregrina. Se trata de una decisión estatal tan relevante como novedosa, aunque también expone contradicciones en el abordaje de distintos conflictos socioambientales en disputa en la zona.
Las actividades extractivas aparecen como una de las principales fuentes de generación de divisas en el capitalismo nacional e incluso como una vía de producción de energía. Por sus características, y más allá de los dudosos beneficios para el Estado en los proyectos generalmente impulsados por grandes capitales nacionales o extranjeros, suelen tener fuertes consecuencias y/o implicancias ambientales.
La reciente resolución del Ministerio de Ambiente de la Provincia respecto a la iniciativa de Central Puerto, empresa energética en la que supo tener participación la familia del ministro macri-mileista Luis Caputo, sentó un precedente estatal considerable no por el rechazo en sí mismo al proyecto desde una perspectiva ambiental sino por haber enfatizado en la licencia social del proyecto, apoyándose en la amplia negativa registrada en el período de participación publica que se realizó de manera virtual.
El parque eólico iba a instalarse incluso sobre los cerros de Gloria de la Peregrina. (Foto: Qué digital)
La consulta, realizada como parte de los mecanismos de participación ciudadana derivados del Acuerdo de Escazú al que adhiere el país, registró 799 intervenciones y argumentaciones en las que -según datos oficiales- en su “inmensa” mayoría representaron expresiones de rechazo a la iniciativa. Así, sumado a los argumentos técnicos que minaron la legitimidad del proyecto, se hizo imposible de ignorar el posicionamiento de la comunidad al momento de otorgar o no la declaración de impacto ambiental necesaria para el inicio de las tareas.
La novedad surge, además, porque años atrás fueron presentados proyectos de ley que apuntaban a institucionalizar los mecanismos de “licencia social” para actividades extractivas o que involucren a los recursos naturales pero, claro está, ninguno avanzó. Hoy, entonces, la aprobación en términos ambientales de este tipo de proyectos prácticamente depende -además del poder de lobby de los sectores involucrados- de la libre interpretación de las áreas ambientales de los distintos gobiernos, quienes garantizan instancias de participación ciudadana pero no siempre dándole relevancia al momento de tomar una decisión.
Por eso, más allá de ese inédito resultado final en torno al parque eólico, está claro que la movilización de vecinos y productores de Sierra de la Peregrina no fue la primera resistencia comunitaria que puso en jaque la legitimidad de un proyecto de estas características, ya sea en las calles o en las plataformas con las que se busca cumplir a medias con la legislación ambiental.
Sin ir más lejos, la expansión petrolera offshore aparece como el caso testigo más reciente. Fueron numerosas las movilizaciones de comunidades costeras tras la aprobación del primero de los operativos de exploración sísmica en trámite frente a la costa bonaerense, el cual recibió duras críticas judiciales por la nula publicidad realizada de la audiencia pública que hizo las veces de instancia participativa. Si bien este proyecto ya estaba aprobado por el Ministerio de Ambiente, no bastaron ni la oposición de las comunidades, ni los planteos del propio gobierno municipal ni la oposición de sectores productivos que se interpusieron para -al momento de aprobar los proyectos similares posteriores que sí contaron con masivas instancias de participación pública– considerar que no había licencia social.
En esos trámites de aprobación posteriores, luego del revuelo social que generó el primero, sí hubo participación pública numerosa en los distintos procesos de aprobación, incluso con “récord” de participantes y notables oposiciones de figuras públicas tales como el músico Pedro Aznar. Sin embargo, apenas la oposición de parte de la ciudadanía mereció una mención prácticamente anecdótica o descriptiva al momento de que el gobierno de Alberto Fernández otorgara la declaración de impacto ambiental.
Asimismo, el propio gobierno provincial que acaba de citar el concepto de licencia social no escatima en fotos con magnates petroleros y acompañamiento explícito a la expansión petrolera offshore en nombre de un pretendido “progreso” y derrame económico sobre la estructura productiva provincial, a pesar de la notoria y persistente oposición a los proyectos, equiparables a la generada en torno al parque eólico.
Claro está, en el caso de la expansión petrolera el de Kicillof no es el gobierno encargado de la participación ciudadana o de analizar el dictado de la declaración de impacto ambiental. También difiere, por ejemplo, la correlación de fuerzas: detrás del parque eólico no están los magnates petroleros locales ni los pesos pesados multinacionales y su capacidad de lobby. De todos modos, no hubo impedimento alguno para ponderar el acompañamiento a las iniciativas por sobre los cuestionamientos sociales.
Vecinos de Parque Camet tras evitar un nuevo cerramiento de espacios públicos en la reserva. (Foto: Ecoasamblea)
¿Y qué pasa a nivel municipal? El presente de los espacios públicos tiene movilizadas a distintas comunidades y espacios vecinales locales que incluso hacen las veces del rol de “contralor” que debería cumplir el gobierno local. Son ejemplos de ello la entrega de tierras en Parque Camet o las concesiones y las gestiones de las unidades turísticas fiscales.
Las comunidades denuncian, se movilizan y defienden los territorios y, sin embargo, se las presenta como un enemigo interno, se las rodea de policías y, mientras tanto, los privados siguen haciendo de las suyas en espacios que son, o deberían ser, de todos.
Siempre, remarcando que -desde otra perspectiva- la falta de control puede tener implicancias en términos ambientales o de accesibilidad, y también recaudatorias considerando los casos en los que concesionarios exceden las posibilidades comerciales por las que pagan un canon.
Manantiales, uno de los casos testigos en torno al espacio público, los controles y los excesos de privados. (Foto: Qué digital)
Mientras tanto, prácticamente en silencio pasan desapercibidos numerosos estudios de impacto ambiental en la web municipal procurando el cumplimiento de algún tipo de participación, aunque la ciudadanía difícilmente se entere de aquellos proyectos con implicancias ambientales en sus territorios con jurisdicción municipal: sí, en cambio, el gobierno publicita algunos de estos proyectos pero una vez que ya recibieron la declaración de impacto ambiental.
Todavía más testimoniales que vinculantes, las herramientas desplegadas por los gobiernos en cumplimiento del Acuerdo de Escazú asoman como un primer y parcial acercamiento estatal a la obligación de involucrar mediante instancias de participación pública a las comunidades en las iniciativas que las pueden afectar.
Sin embargo, en la práctica, todavía el derecho ambiental y las voces de las comunidades y de quienes habitan los territorios esta lejos de ser una conquista. Mientras tanto, ¿quién autoriza?
